La organización profesional agraria cree que no se está siendo consciente del perjuicio global y de los riesgos sanitarios que la sentencia del TSJ acarrea.
Para ASAJA Soria, la suspensión cautelar de la caza, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León al estimar el recurso presentado por el PACMA (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal) puede tener unos efectos que irían "más allá" de los relacionados exclusivamente con la actividad cinegética, aunque éstos ya por sí solos "son cruciales si se tiene en cuenta que el volumen de negocio que genera supera los 500 millones de euros y hay alrededor de 8.000 puestos de trabajo vinculados a ella".
En la organización profesional agraria (OPA), esta situación es un "despropósito" en el que "no se está siendo consciente de otros perjuicios derivados del auto del Tribunal Superior de Justicia", ya que "cada vez hay más animales salvajes sin control, y eso daña gravemente a la actividad agraria y a la sanidad de la cabaña ganadera, por no hablar de la siniestralidad viaria".
La OPA insta a la Junta a que ponga al día el censo de animales salvajes, porque la denuncia está basada en unos datos de hace más de una década. "Realmente", afirman en la organización que encabeza Carmelo Gómez en la provincia, "los que estamos en el campo vemos que año a año el número de animales silvestres y sin control se está multiplicando exponencialmente". Por ello, han confesado no entender que la sentencia "revele una tendencia a defender que el eslabón más débil de esta cadena sean los animales salvajes, cuando cada vez están más cómodos y aumentan en número, frente a los ganaderos y agricultores, en claro declive en número y condiciones laborales en gran parte por los daños de la fauna".
En ASAJA, por último, también han lamentado que se quiera poner por delante los derechos de los animales antes que los de los profesionales del campo. Ante ello, han lanzado una cuestión al PACMA, en la que preguntan "si estos señores que interponen este tipo de denuncias están dispuestos a pagar de su bolsillo los daños infligidos a los ganaderos y agricultores".