La fondo inversor Blackstone prevé que el decreto ley de regulación del límite al alquiler conduzca a una reducción de la oferta y que aumente la inseguridad jurídica en uno de los mercados más importantes de la economía española.
Claudio Boada, senior advisor de Blackstone en España, cree que “el nuevo intento regulatorio busca traspasar al mercado de vivienda libre, un problema que debería solucionarse a través de un mayor parque de vivienda pública o asequible”. También señala que “España ha carecido en los últimos 15 años de un verdadero programa de políticas de vivienda para paliar las situaciones de los colectivos más desfavorecidos, un aspecto en el que España está claramente por detrás de sus homólogos europeos”.
El Gobierno ha manifestado la intención de aprobar un nuevo Real Decreto-Ley para regular el alquiler residencial antes de la disolución de las Cortes el próximo día 5 de marzo. La nueva norma buscaría establecer contratos con plazos más largos a los actuales y límites a los precios del alquiler, situando a España como uno de los mercados con una de las regulaciones más restrictivas de Europa.
Además, esta medida ha causado incertidumbre entre los expertos del sector puesto que hace menos de un mes que el Congreso de los Diputados rechazó un Real-Decreto Ley para regular el alquiler residencial aprobado en diciembre por el Consejo de Ministros.
Para Claudio Boada “un nuevo intento, a pocas semanas de unas nuevas elecciones generales, supone legislar de forma precipitada un sector muy sensible para millones de ahorradores y sin el análisis necesario para mejorar el funcionamiento del mismo. En menos de tres meses, el mercado habrá estado sometido a tres legislaciones diferentes, lo que genera inseguridad jurídica en todos los operadores de mercado, la mayor parte pequeños ahorradores”.
Según los cálculos de Blackstone, el pequeño arrendador, que supone el 96% del mercado, paralizará su actividad ante la incertidumbre de estar firmando unas condiciones que pueden ser, nuevamente, modificadas en caso de que no se ratifique el RDL. Esta ralentización ante la incertidumbre jurídica generada por segunda vez en 3 meses supondrá que las pocas transacciones que se crucen lo hagan a un precio superior al previo a la entrada en vigor, como ya se pudo comprobar en el periodo en el que el Real Decreto no convalidado estuvo operativo.