Esta línea de ayudas de la Diputación cuenta con una partida de 400.000 euros y establece una subvención del 60% del gasto subvencionable, con un límite de 60.000 euros por solicitud.
La Diputación Provincial ha registrado 16 solicitudes para la convocatoria de subvenciones destinadas a la mejora de la competitividad territorial, cuyo plazo finalizó el pasado 28 de febrero, y que fue puesta en marcha por el equipo de Gobierno con el objetivo de impulsar acciones relativas a la inversión en polígonos industriales de titularidad municipal. Las peticiones tendrán que ser analizadas ahora por los técnicos del departamento de Desarrollo Económico antes de proceder a su dictamen y posterior aprobación.
Esta convocatoria cuenta con una partida de 400.000 euros y establece una subvención del 60% del gasto subvencionable con un límite de 60.000 euros por solicitud. Se considerarán proyectos subvencionables las actuaciones tendentes a dotar a los terrenos de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de actividades industriales o empresariales que estén implantadas o puedan implantarse en un futuro próximo; y la mejora de las infraestructuras existentes cuando ello suponga un aumento de la capacidad de los suelos en los que se desarrollan o permita la instalación de empresas para las que la infraestructura previa existente resulte insuficiente. Las actuaciones se podrán realizar en polígonos industriales de titularidad municipal.
Las bases de la convocatoria establecen además que serán gastos subvencionables los gastos relativos a obras que correspondan a la naturaleza de la actividad subvencionable y que se ejecuten y justifiquen dentro del plazo establecido en cada resolución de concesión de subvención. Se podrán incluir gastos de honorarios de redacción de proyectos, direcciones de obra, estudios geotécnicos y similares que estén directamente relacionados con la actuación subvencionada, que resulten indispensables para su adecuada preparación o ejecución y resulten proporcionales, entendiéndose como tal hasta un máximo del 10% del presupuesto de ejecución material. No se considerarán subvencionables las obras ejecutadas por la administración.