La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León se moviliza este martes 12 de marzo en las nueve provincias de Castilla y León, a las 12:00 horas y ante las delegaciones territoriales de la Junta, para volver a exigir la recuperación de la jornada semanal de 35 horas, recordando al Gobierno regional que esta reclamación es una parte fundamental del acuerdo para la recuperación de las condiciones laborales de los empleados públicos alcanzado con la Junta en 2015, que sigue pendiente de cumplirse y que su implantación no se puede retrasar más.
El presidente autonómico de CSIF en Castilla y León, Carlos Hernando, recuerda que, “durante todo el año 2018, estuvimos pidiendo que la Junta afrontará una negociación comprometida, rigurosa y con voluntad real para aplicar la jornada de 35 horas, y que es un derecho arrebatado, al igual que otras condiciones laborales suprimidas durante la pasada crisis, que ahora los responsables políticos y las administraciones deben devolver, tras el sacrificio realizado por los empleados públicos”.
Hernando remarca que la recuperación de las 35 horas, y la reducción de horario lectivo en el caso de los docentes, “fue nuestra prioridad en la acción sindical durante 2018, lo que nos llevó a convocar diversas movilizaciones, en junio ante la Consejería de Presidencia, en julio en la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid, o la de noviembre ante las Cortes regionales, trasladando a los diferentes portavoces de los grupos políticos la urgencia de esa recuperación de jornada. Nuestro compromiso de luchar por la recuperación de los derechos perdidos durante la crisis nos lleva a tener que salir a la calle otra vez, para que el Gobierno Nacional y Regional nos devuelva lo arrebatado durante la crisis, 35 horas, estructura salarial, acción social y fondos adicionales para todos los empleados públicos”.
“Una exigencia de jornada que CSIF ha pedido para todas las administraciones, a las locales y provinciales, a través -también- de las acciones y continuos llamamientos de nuestras uniones provinciales en la Comunidad; y para la administración central, como ha exigido reiteradamente nuestro presidente nacional, Miguel Borra, y así lo ha expresado en sus visitas a la Comunidad”, explica el presidente autonómico de CSIF en Castilla y León.
“Si en julio ya advertimos que íbamos a tener un final de legislatura complicada, si la Junta no se sentaba a negociar las 35 horas, hoy no nos queda otra que reclamar nuevamente, con concentraciones ante las nueve delegaciones territoriales de la Junta. Acción que también es un aviso para los diferentes partidos políticos que, en pocas semanas, pedirán a los empleados públicos su voto, ante las elecciones generales y autonómicas y municipales”, añade Hernando.
Una jornada de 35 horas que CSIF demanda con un compromiso de que haya sustituciones cuando sea necesario, y con las ofertas de empleo prometidas y suficientes, a fin de contar con un personal que permita el incremento de unas plantillas que han visto reducir sus efectivos, “en muchos casos de manera alarmante, en los últimos años”.
CSIF insiste en que se “acaba el tiempo” a la Junta, no solo para que implante las 35 horas, sino también la Carrera Profesional para todos los empleados públicos de la Junta, que continúa en el debate político de grupos en las Cortes, a la espera de que una ley ofrezca, al menos, una convocatoria anual para los trabajadores públicos que cumplan con los requisitos establecidos. CSIF pide que la Junta negocie previamente la Carrera Profesional con las organizaciones sindicales, antes de presentarla a las Cortes.
Este sindicato independiente remarca que “vamos a vigilar que la Junta continúe con la estabilización de empleo y la reducción de la interinidad”. CSIF sale a la calle para reivindicar la recuperación de la Acción Social y la negociación de los fondos adicionales del Acuerdo de Estabilización del empleo firmado por CSIF en marzo.
La presidenta del sector Autonómico de Educación, Isabel Madruga, lamenta que la legislatura termine sin ninguna negociación sobre los derechos arrebatados pendientes de recuperar, como la reducción de horarios lectivos o la homologación salarial con otras comunidades. Madruga espera que la Consejería de Educación consiga un mayor peso presupuestario en la Junta para la educación pública y poder negociar acuerdos que permitan recuperar lo perdido durante la crisis. CSIF urge un pacto de Estado que propicie la estabilidad de la gestión y tareas educativas, sin estar sometida a los vaivenes políticos de turno, que lógicamente afecta a la enseñanza de Castilla y León; y -entre las peticiones de última hora- insta a la Junta a que retire el proyecto de orden sobre bilingüismo “que rechazamos, para retomar una propuesta más consensuada”.
En el caso del sector de la Administración General de la Junta de Castilla y León, su responsable, Mariano Prieto, urge la convocatoria de las ofertas de empleo pendientes de 2017 y todas las del 2018, porque “de lo contrario, no se podrán hacer exámenes a lo largo de este año”. La resolución y consolidación del concurso abierto y permanente de funcionarios; la negociación de un nuevo convenio para el personal laboral, “que ya hemos denunciado y que la Junta no quiere abordar”; y el acceso a la jubilación parcial, son otras de las exigencias de CSIF.
La falta de médicos de familia y especialistas, o la falta de previsión ante las próximas jubilaciones del personal facultativo, son otras de las preocupaciones de CSIF, apunta el responsable del sector autonómica de Sanidad de CSIF en la Comunidad, Juan Carlos Gutiérrez, que urge -igualmente- un plan integral de sanidad a la Junta, y una comisión de evaluación de los servicios sanitarios públicos en la Comunidad, con problemas estructurales cada vez más graves.
CSIF insiste que “no caben excusas”, para que la Junta “aborde ya, es decir, con el próximo Gobierno regional, la necesaria modernización y organización de la Función Pública de Castilla y León, para mejorar los servicios que merecen los ciudadanos castellanos y leoneses. CSIF va a trasladar a los diferentes partidos políticos, con representación en las Cortes regionales, la tabla de derechos pendientes de recuperar, para que se comprometan a apoyarlas y a incluirlas en sus programas electorales.