Decanos y consejeros tras el acuerdo del pleno del CRACYL. En el centro su presidente, Julio Sanz Orejudo con la decana soriana, Soledad Borque.


CASTILLA Y LEóN
Actualizado 19/03/2019 20:51:28

El pleno del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CRACYL), que reúne a consejeros y decanos de todos los colegios de la Comunidad, acuerda manifestar de forma unánime su indignación ante los incumplimientos de Justicia

El pleno del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CRACYL), que reúne a consejeros y decanos de todos los colegios de la Comunidad, ha acordado manifestar de forma unánime su indignación ante los incumplimientos del Ministerio de Justicia en el pago de las prestaciones del Turno de Oficio a los más de 7.000 abogados de Castilla y León, que llevan sin cobrar desde el mes de noviembre. Estos profesionales, a pesar de los impagos, continúan prestando el servicio de Justicia Gratuita a los ciudadanos porque entienden que no pueden abandonar la responsabilidad social con los más desfavorecidos.

El CRACYL manifestó en pleno su total apoyo a las distintas medidas de protesta y presión que están llevando a cabo los colegios de abogados de la Comunidad para exigir el inmediato cumplimiento por parte del Ministerio. En Castilla y León, los 7.000 letrados del turno de oficio tramitan más de 60.000 asuntos al año.
Medidas de protesta

Por el momento, cuatro provincias ya han anunciado movilizaciones para los próximos días: el Colegio de Abogados de León celebrará concentraciones a las puertas de los juzgados de los diferentes partidos judiciales de la provincia el 25 de marzo, además limitará la prestación del servicio de orientación jurídica a la atención a solicitantes que requieran suspensión de plazo durante la semana del 25 al 29 de marzo; el Colegio de Abogados de Salamanca ha convocado una reunión con las distintas asociaciones de consumidores de su provincia para solicitarles apoyo en la reivindicación; Valladolid manifestará su rechazo con carteles en la fachada del Colegio de Abogados donde mostrará el número de días que llevan sin cobrar los letrados del turno de oficio y su compromiso social al continuar trabajando sin remuneración; el Colegio de Zamora ha acordado realizar paros de tres horas en la prestación del servicio de asistencia al detenido, de nueve a doce de la mañana, durante los meses de marzo y abril.

La abogacía de Castilla y León denuncia el reiterado incumplimiento por parte del Ministerio de Justicia de los compromisos alcanzados en cuanto al pago mensual de las actuaciones de Asistencia Jurídica Gratuita realizadas por los abogados del territorio de su competencia. Este retraso de cuatro meses supone una nueva falta de reconocimiento tanto a la labor de los profesionales de la abogacía como del servicio público de Justicia Gratuita reconocido en la Constitución. Asimismo, denota la falta de interés del Ministerio de Justicia por garantizar el derecho al acceso a la justicia de aquellas personas y consumidores que carecen de recursos para litigar o se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Sin embargo, todos los profesionales y los respectivos colegios han cumplido día a día con la prestación del servicio que tienen encomendada a pesar de no percibir remuneración alguna.
24 horas al día y 365 días al año

En la Comunidad Autónoma más de 7.000 letrados están adscritos al turno de oficio y prestan el servicio de asistencia a detenidos y víctimas de violencia de género durante las 24 horas. Los abogados del Turno de Oficio asumen la dirección letrada de los solicitantes de justicia gratuita en todos los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, social o contencioso administrativo) y los colegios de abogados asumen la tramitación de los expedientes, lo que conlleva la organización de una infraestructura compleja, a base de medios personales y materiales que posibilita la tramitación ordinaria de las solicitudes, el análisis de las pretensiones y la designación de profesionales.

La abogacía continúa, además, reivindicando un incremento en las remuneraciones del Turno de Oficio, que si bien fueron objeto de incremento en el año 2018, continúan estando lejos de ser calificadas de dignas y justas, realizándose por los profesionales muchas actuaciones que no son remuneradas.

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