Para coordinar esta postura conjunta se aprovecharía la experiencia de Castilla y León derivada de la elaboración y reciente aprobación de la primera Ley en España de medidas en el ámbito público y privado dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la eliminación de la brecha salarial de género.
El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha trasladado en la reunión de la Conferencia Sectorial que Castilla y León tiene intención de plantear, en el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea dedicado a los temas de empleo y servicios sociales que se celebrará en junio, una postura común consensuada con las comunidades autónomas españolas sobre la necesidad de avanzar en conciliación y superar la brecha de género. Para esta coordinación con el resto de comunidades aprovechará la experiencia derivada de la reciente elaboración y aprobación en Castilla y León de la primera Ley en España que promueve en el ámbito público y privado medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la eliminación de la brecha salarial de género.
Esta Ley se consensuó en el Diálogo Social y, por un lado, refuerza la conciliación de las personas y las familiascon un conjunto integrado de medidas para hacer efectiva la conciliación de vida personal, familiar y laboral de mujeres y hombres, favoreciendo la igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y, por otro lado, plantea un segundo reto: garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la promoción laboral con la finalidad de eliminar la brecha salarial de género.
La Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada hoy en Madrid ha abordado el reparto de los fondos estatales de ayuda a las comunidades autónomas para la lucha contra la violencia de género: los fondos procedentes del Pacto de Estado y los fondos habituales para programas en esta materia.
Castilla y León fue una comunidad muy activa en la gestación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género al aportar 23 medidas que se incorporaron, además de conseguir que el presupuesto se distribuya en relación a los criterios propuestos por Castilla y León teniendo en cuenta para ello la dispersión geográfica y poblacional, el entorno rural o el envejecimiento de la población. Ahora, también ha sido una de las comunidades que ha conseguido ejecutar en su totalidad los fondos procedentes de este Pacto, a pesar del escaso margen que el Gobierno ha dado a las comunidades autónomas por la tardanza del último ejercicio a la hora de habilitar estos fondos. Para este nuevo ejercicio de 2019, el Estado distribuye 100 millones de euros procedentes del Pacto de Estado y Castilla y León ha conseguido 7,44 millones de euros.
Con estos fondos, la Comunidad no solo ha sido capaz de mantener los servicios y programas que venía desarrollando sino que se han puesto en marcha, en el último año, actuaciones novedosas como el desarrollo en Castilla y León de diez nuevas prestaciones para víctimas de violencia de género incorporadas en el catálogo de servicios sociales; se ha regulado normativamente la Red de centros y casas de acogida para víctimas; el desarrollo de un sistema único de información en los Servicios Sociales ha posibilitado que los profesionales hayan generado más de 2.000 informes activos de violencia de género que están también a disposición de justicia, fiscalía y policía local. A esto se suma que se han firmado 24 acuerdos de colaboración, se ha desarrollado una decena de procedimientos de actuación, se han elaborado siete guías y manuales y se ha puesto en marcha un plan de formación especializado en violencia de género para llegar a 35.000 profesionales en la materia.
Junto a los fondos procedentes del Pacto de Estado, otro de los aspectos tratados en la Conferencia Sectorial de Igualdad ha sido el habitual reparto y la distribución anual entre las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía del crédito para el desarrollo de algunos programas y servicios que son habituales en los últimos años y que están destinadas a la mejora de la coordinación y planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género, a la asistencia social integral de las víctimas de violencia de género y a la atención especializada a menores expuestos a violencia de género. El Gobierno va a destinar, en 2019, a apoyar y cofinanciar estos programas 9,5 millones de euros, de los que 586.664 corresponden a Castilla y León.
Todas estas cantidades, los 7,44 millones del Pacto de Estado y los 586.664 euros de créditos para programas habituales, suponen un complemento a las inversiones de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en estas materias en la Comunidad destinando al año más de 4,6 millones de euros para desarrollar y consolidar las actuaciones y medidas del modelo de atención integral a víctimas ‘Objetivo Violencia Cero’.
Otro de los aspectos tratados en la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad ha sido la acreditación de la situación de violencia de género. En este aspecto, se ha recordado que Castilla y León fue pionera en esta materia y, desde 2018, aplica de forma efectiva esta acreditación en la Comunidad.
La Ley de violencia de género de Castilla y León sirvió como referencia en esta materia durante la negociación del Pacto de Estado puesto que era más flexible en cuanto a los títulos de acreditación de la violencia de género y en ella también aparece la acreditación de la situación de violencia de género por los servicios sociales.
En esta materia, se considera que desde el Gobierno se han dado pasos que aparecen recogidos en el Pacto de Estado pero que es necesario profundizar en los procedimientos de esa acreditación nacional para su efectiva aplicación por los profesionales de servicios sociales de Castilla y León.