Más de 10.000 agricultores podrán seguir realizando, durante dos años más, prácticas con efectos positivos sobre el medio ambiente y el clima. Para este fin se van a destinar 56 millones de euros provenientes del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.
La Consejería de Agricultura y Ganadería va a destinar 56 millones de euros en ayudas para asumir la prórroga, por dos años más, de los contratos plurianuales de las medidas de agroambiente y clima y de agricultura ecológica cuyo quinto año de compromiso estaba previsto que concluyera este año 2019.
De esta forma, podrán beneficiarse más de 10.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León que se incorporaron en 2015 a realizar este tipo de prácticas agrarias compatibles con la conservación del medio ambiente. Estas medidas, que se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla y León 2014-2020, llegaban en 2019 a su quinto año de compromiso, con lo que concluía la ayuda a las mismas. Con la resolución que publica la Consejería de Agricultura y Ganadería en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) del próximo lunes podrán seguir incorporados en las medidas durante los años 2020 y 2021, salvo que manifiesten su renuncia expresa en los términos que se establezcan en la Solicitud única del año próximo 2020.
La agricultura compatible con el medio ambiente y la agricultura ecológica son actuaciones consideradas prioritarias en el vigente PDR de Castilla y León 2014-2020. Son medidas que están cofinanciadas por fondos agrícolas de desarrollo rural de la Unión Europea, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, contando con una asignación financiera de 257,5 millones de euros, lo que supone un 14,2 % del gasto público del PDR, de los cuales 226 millones de euros irán dirigidos a medidas de agroambiente y clima y 31,5 millones de euros a agricultura ecológica.
Los agricultores y ganaderos firman un contrato en el que se comprometen a realizar determinadas acciones con beneficios sobre el medio ambiente y/o clima, asumiendo la realización de compromisos más exigentes respecto de las buenas prácticas de cultivo normales, por lo que perciben un importe que varía en función de cada línea de ayuda.
El PDR de Castilla y León 2014-2020 determina que la duración de los compromisos recogidos en los contratos de agroambiente y clima y de agricultura ecológica se contraerán por un periodo de cinco años prorrogable hasta dos campañas o años más, sin superar los siete años.
Considerando, por una parte, que en el año 2019 concluyen los compromisos contraídos en 2015, primer año de aplicación del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020; y por otra, la situación en la que se encuentran, a fecha actual, las propuestas de textos legislativos de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021 a 2027, cuya entrada en vigor se va a retrasar, parece adecuado prorrogar la vigencia de los compromisos por dos campañas o años más.
De esta forma se mantendrán los beneficios medioambientales previstos y se permitirá una transición adecuada con el futuro marco normativo de las intervenciones de desarrollo rural que se deriven de la futura reforma de la PAC, actualmente en fase de discusión y negociación, y en la que, sin duda, tendrán reflejo este tipo de actuaciones que contribuyen positivamente a los objetivos de sostenibilidad ambiental que se persiguen en la propuesta presentada.
Con la decisión adoptada por la Consejería, que se publica en el Bocyl del lunes, se da respuesta a las peticiones efectuadas por las organizaciones profesionales agrarias y también la Proposición no de Ley 2380, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y apoyada por todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León en el pleno celebrado el 27 de marzo de 2019.
Esta resolución permite, además, mantener los beneficios medioambientales durante el proceso de transición hasta la existencia del nuevo Plan estratégico en el que se incluyan las intervenciones, tanto de ayudas directas financiadas por el Feaga como las medidas de desarrollo rural cofinanciadas por el Feader, en el marco de la nueva reforma de la PAC.