El documento presentado hoy por la Coordinadora de la España Vaciada presenta numerosas medidas concretas y pretende ser el borrador del pacto de estado que se exige a los políticos.
Ante la “crisis funcional” del mundo rural, la Coordinadora de la España Vaciada ha presentado hoy un documento en el que se vuelve a exigir a los partidos políticos la firma de un pacto de estado por la repoblación y el reequilibrio territorial. Así mismo exige la creación de un ministerio específico o cuanto menos una secretaria de estado con la que abordar este reto “de forma consciente, decidida e inmediata”.
El texto propone la “inexcusable” necedad de un mecanismo estable de financiación que destine durante un plazo de 30 años al menos el 7% de la recaudación por IRPF, Sociedades y Patrimonio a la mejora de las infraestructuras en la España Vaciada. Todo ello adicional al cumplimiento de las obligaciones y los presupuestos ordinarios. Esta propuesta se basa en el pacto de solidaridad que permitió en la Alemania de los años 90 reducir diferencias entre la zona del este, la que había estado bajo control de la URRS, y la del oeste.
También se pide a la Unión Europea una financian directa o indirecta o un tratamiento fiscal similar al que reciben las regiones ultra periféricas como podría ser Canarias. El argumento en este punto es que las realidades demográficas y naturales de territorios como Solo lo convierten en una “auténtica ultraperiferia interior”.
Se solicita así mismo la definición del concepto de zonas despobladas superando el actual criterio de población entre superficie. Para definir las áreas poco pobladas las organizaciones de la España Vaciada proponen incluir criterios como la dimensión del tiempo que llevan perdiendo población, la escasez de servicios básicos o la insuficiente dotación de infraestructuras.
Otro de los aspectos fundamentales es la graduación de las asignaciones de los fondos para la lucha contra la despoblación así como el carácter finalista de los medios y siempre con mecanismos de control sobre los mismos. Otras medidas puestas sobre la mesa en los últimos meses y que recoge el texto son la descentralización de los organismos públicos.
En cuanto a infraestructuras se propone garantizar que todo ciudadano disfrute de los servicios básicos (sanitarios, educativos, sociales y de seguridad) en su radio de desplazamiento de 30 minutos. También se pretende recuperar el objetivo de que todas las localidades puedan estar situadas a como máximo 30 kilómetros de una autovía.
En otros aspectos como la tecnología se pide al estado que subsane los “fallos de mercado” que hacen que no sea rentable en internet en las zonas rurales y se convierta en garante de este servicio público.
En materia económica se propone adaptar las cargas admintriativas a la realidad rural y una fiscalidad que incluya reducciones en el IRPF de PYMES y autónomos y del IRPF de las personas físicas. En este aspecto también se incluyen medidas novedosas y ligadas al medio ambiente como la compensación por la absorción del exceso de emisiones de CO2 de las grandes ciudades.
El texto también habla de la necesidad de un “empoderamiento rural” y un cambio de la imagen o los incentivos a las plazas sanitarias o de educación de difícil cobertura.
El documento está firmado a 22 de junio de 2019 por una treintena de organizaciones, la mayoría de las que estuvieron presentes el día 31 de marzo en Madrid. Ha sido entregado a los partidos políticos a escala local, autonómica y nacional. Consulta aquí el domuento íntegro.