El Consejo de la Abogacía de Castilla y León ve que se trata de “un verdadero problema social”, por lo que formará a letrados en esta materia.
El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CRACYL) formará a los letrados de la Comunidad en materia de delitos de odio a través de cursos en los nueve colegios castellanos y leoneses. Según el informe del Ministerio del Interior sobre ‘La evolución de los delitos de odio en España’, los casos han aumentado un 10% en los últimos cinco años en la Comunidad, que se sitúa como la décima con mayor incidencia del país.
Unos datos que han provocado que la Comisión de Igual del CRACYL ponga en marcha esta iniciativa, pionera en la Comunidad, para que los letrados reciban formación específica y gratuita en un tipo de delito que en España se ha incrementado en un 36% desde 2013. “Los delitos de odio se han convertido en un verdadero problema social y la abogacía debe atender las necesidades de los ciudadanos. Estos delitos han adquirido un creciente protagonismo en el debate jurídico, pero también en la sociedad y en la política”, asegura el presidente del CRACYL, Julio Sanz Orejudo.
El incremento de las denuncias por delitos de odio en Castilla y León entre 2013 -fecha de la publicación del primer informe específico sobre el tema por parte del Ministerio de Interior- y 2018 es de un 10%, de 52 a 57 registros en las comisarías. Especialmente la subida se notó de 2016 a 2017, cuando se pasó de 49 denuncias a 62, el dato más alto de los registrados hasta la fecha. Mientras que en España la tasa por cada 100.000 habitantes es de 3,4, la Comunidad se sitúa un punto por debajo, con un 2,4. Las provincias que reúnen el mayor número de incidencias son Burgos y Ávila, donde la tasa asciende a 5,9 y 4,4 respectivamente. En Soria, la cifra se sitúa en la franja entre 1,7 y 2,4.
Según la legislación penal española, los delitos de odio se entienden como los que se cometen por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza, o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, aporofobia -miedo a los pobres- y por discapacidad. Desde 2018, el Ministerio incluyó en sus estadísticas la categoría de discriminación por razón de enfermedad y discriminación generacional, que incluye principalmente la gerontofobia. “Uno de los cimientos de los derechos humanos es el respeto a la igualdad de todas las personas, y desde la abogacía debemos luchar por que se cumpla”, ha advertido la presidenta de la Comisión de Igualdad de Castilla y León, María Purificación Palmero, quien ha puntualizado que la cifra real de víctimas es mucho mayor, ya que este tipo de delito “no se suele denunciar”.
El mayor número de denuncias recogidas por delitos de odio en Castilla y León fueron por racismo o xenofobia (23 casos), así como por motivos ideológicos (20), lo que suman 43 incidencias de las 57 registradas en la Comunidad en 2018. Internet y las nuevas tecnologías se han convertido en el medio más utilizado en España para cometer delitos de odio; un 45% fueron cometidos por esta vía, seguidos de las redes sociales (25,9%) y la telefonía (13,3%). El perfil de la víctima lo forman personas del sexo masculino (más del 63%), nacionalidad española (75,6%) y con una edad comprendida entre los 26 a 50 años de edad (50,5 %), mientras que los menores de edad constituyen el 6,7% del total.
Las ponencias, organizadas y subvencionadas por el CRACYL, serán impartidas por el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Burgos, Santiago Mena Cerdá, que desde 2015 ejerce a su vez como fiscal delegado provincial de Burgos en la especialidad de ‘Igualdad, contra la discriminación y delitos de odio’. Los cursos ya tienen fecha en cuatro provincias de la Comunidad: en Segovia, hoy miércoles 23 de octubre a las 17 horas en el Colegio de Abogados de Segovia; en Valladolid, el jueves 7 de noviembre; en Salamanca, el martes 12 de noviembre, y en Zamora se celebró la pasada semana.
Los cursos abordarán las pautas y criterios para interpretar los delitos de odio del artículo 510 del Código Penal, el agravante por motivo discriminatorio que recoge el artículo 22.4ª del Código Penal, los delitos de odio en el deporte y las acciones de la abogacía contra la intolerancia y la discriminación. “Es importante que los abogados conozcan los cambios normativos en esta materia, pues son un pilar básico de nuestra sociedad para contribuir a la erradicación de las conductas delictivas generadas por odio, que atentan a lo más esencial de las personas, que es su dignidad, al tiempo que ponen en peligro el sistema de valores de nuestra sociedad”, ha manifestado el fiscal Santiago Mena Cerdá.
El informe ‘La evolución de los delitos de odio en España’, puede ser consultado en este enlace o en el archivo que aparece debajo de estas líneas.