La ordenación o reordenación territorial es una tarea pendiente no solo en Soria. Castilla y León también trata este como un tema tabú que se esconde para evitar la pérdida de votos. No obstante, esconder el polvo debajo de la alfombra no maquilla la realidad y los pueblos siguen echando el cierre. La comarcalización voluntaria podría ser la solución.
Decir que la despoblación continúa siendo una de las principales preocupaciones de los sorianos es como cuando llueve sobre mojado. También resulta redundante, aunque no deja de ser imprescindible, aportar los datos más llamativos de la situación provincial. En 10.300 kilómetros cuadrados se reparten 88.600 habitantes (según las últimas cifras ofrecidas por el INE que corresponden al año 2018). Estas dos cifras aportan una densidad de población de 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que sitúa a Soria en la cabeza del ranking de las zonas más despobladas del Sur de Europa.
De los 183 municipios de la provincia, 65 tienen menos de 50 habitantes, en 31 de ellos viven menos de 25 vecinos y, entre ellos, 6 agrupan a menos de 10. También Soria lidera la clasificación de provincias con más núcleos urbanos despoblados.
Tiene, además, una de las poblaciones más envejecidas de Europa: el 6 % de sus habitantes son mayores de 85 años con lo que todas las estimaciones apuntan a que en el año 2030 se podría bajar de los 80.000 habitantes en la provincia.
La situación es límite y, por ello, requiere actuaciones inmediatas que deben estar guiadas por la innovación pero por qué no, también por la imitación. Las sociedades más avanzadas se han servido desde la época de la industrialización de la ordenación del territorio para intentar dar una solución al éxodo rural y buscar el equilibrio entre todas las zonas de un territorio. Quizá, ahí esté la clave para buscar una solución.
La ordenación territorial es un tema harto complicado que continúa sin cerrarse en Castilla y León. La Constitución Española, en vigor desde el año 1978, señala en su artículo 148 la posibilidad de las Comunidades Autónomas de asumir esta competencia pero no fue hasta el año 1998 (16 años después de que se aprobase el Estatuto de Autonomía) cuando se aprobó la primera Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León.
En 2013 se aprueban las Áreas Funcionales Estables para municipios de más de 20.000 habitantes (solo la capital soriana se enmarca en esta clasificación). Y en 2017 se proponen las Unidades Básicas de Ordenación del Territorio, enfocadas al ámbito rural pero todavía en tramitación parlamentaria.
Este periplo por las Cortes de Castilla y León y el debate que conlleva, ha originado una auténtica polémica al anunciar el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que se están planteando la unión “forzosa” de ayuntamientos para “pasar del micromunicipalismo a un territorio con muchos menos municipios, pero más fuertes, prestadores de servicios y dotados de una auténtica autonomía”.
Esta estrategia persigue el establecimiento de municipios con un tamaño mínimo en torno, por ejemplo, a 5.000 habitantes. En la actualidad solo Almazán y la capital soriana superarían esta barrera por lo que la revolución del territorio podría ser auténtica. Una revolución que tiene como objetivo principal el ahorro, por lo que los servicios se reducirían drásticamente concentrándose en los municipios más grandes.
La despoblación obliga a dejar a un lado la ingenuidad. A la vista de las circunstancias, y ante la escasa efectividad de las medidas puestas en marcha hasta el momento, la situación en muchos pueblos de la provincia solo puede empeorar y los recursos están lejos de ser ilimitados.
En la provincia existen 14 centros de salud, 15 puntos de atención continuada, 344 consultorios locales y 6 unidades de apoyo. También dentro de los límites provinciales se encuentran 64 farmacias (14 de ellas en la capital) y 8 botiquines. Se localizan así mismo en Soria 34 colegios, 14 Colegios Rurales Agrupados y 12 institutos. Por supuesto, también hay que mantener los servicios de agua, alcantarillado, basura, transportes,...
Pensar que mantener todo esto, según la estructura actual y con una población cada vez menor es viable, está lejos de ser realista. Jesús María Bachiller, experto en Análisis Geográfico regional y profesor titular en el Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid, sintetiza en una frase el espíritu de este análisis: “Debemos admitir que el actual modelo es un fracaso. Si queremos conseguir cosas distintas hay que ayudarse de estrategias distintas”.
Frente a esa fusión fría y obligada que plantea Igea, se propone en esta ocasión la colaboración voluntaria. Es decir, una comarcalización de municipios sorianos que compartiesen la gestión de servicios para hacerla más eficaz. Formando comarcas o mancomunidades de pueblos en función de criterios físicos, económicos, sociales e históricos se podría “mantener servicios que, a día de hoy, solo se sostienen por la ayuda de la Diputación”, afirma Benito Serrano, presidente de Diputación Provincial, aunque aclara que “estoy totalmente en contra de la imposición, solo me parece bien que la iniciativa surja por convencimiento de los municipios”.
A simple vista puede parecer una utopía pero la realidad demuestra que no lo es tanto. “En otras Comunidades Autónomas se está haciendo de esta forma. Por ejemplo, en Cataluña existen comarcas que están muy delimitadas. En ellas hay bastante vida comarcal en torno a diversas actividades como puede ser la vitivinícola, la ganadera o la textil. Son espacios que han aprendido a especializarse y les ha funcionado”, explica Jesús María Bachiller.
El procurador socialista en las Cortes de Castilla y León, Ángel Hernández, también avala esta idea aunque especifica que “todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tienen derecho a los mismos servicios y en una comarca deberían ofrecerse todos. Eso sí, sin agruparlos en el más grande, sino distribuirlos entre todos los pueblos que accediesen a participar de la fórmula”.
La fórmula se encontraría en “establecer una racionalización de los servicios que nazca del análisis del territorio en profundidad para que sea lo más eficaz posible”, afirma el profesor de la UVa.
Sobre el papel esta unión voluntaria puede parecer una idea redonda pero su aplicación resultaría más que complicada. A la dispersión geográfica se une la idiosincrasia de la provincia. “El tema de unir pueblos es muy complicado porque cada uno tiene su sensibilidad y sus recursos y se debe respetar su autonomía”, señala Benito Serrano.
Bachiller apunta como principal hándicap al “individualismo” y anima a los políticos a “ser valientes y tomar decisiones aceptando, ante todo, que no se puede salvar todo”.
Ángel Hernández añade que “este tipo de gestos se podrían incentivar desde la Junta o el Estado mediante subvenciones o ayudas”.
Aun así, unir esfuerzos podría ser el antibiótico contra la despoblación siempre que “suponga algo más que la mera gestión de servicios”, apunta Jesús María Bachiller para añadir que “debe ayudar a generar estructuras que faciliten el desarrollo, que se formen comarcas competitivas que ordenen sus recursos”.
En este sentido, el procurador Ángel Hernández añade que “además de mantener los servicios que se prestan en la actualidad, se debe potenciar la cultura y el deporte. No sirve con que todos los pueblos tengan frontón, tienen que desarrollarse infraestructuras deportivas y culturales que promuevan la vida de los pueblos porque nadie se planteará vivir en un lugar donde el acceso al ocio es nulo”.
Además, insiste Bachiller, “estas comarcas requerirán inversiones a nivel estatal para garantizar las comunicaciones. Eso sí, concluye el experto, “siempre evitando que estas nuevas estructuras supongan duplicidades que conduzcan a aumentar de nuevo el gasto. Esa fórmula ya la conocemos”.
De esta forma, queda la pelota en el tejado de los alcaldes sorianos el decidir si apuestan por la unión frente a la dispersión y le dan una vuelta a la provincia.