Incluye la puesta en marcha de una Red Social que tendrá un triple fin: detectar situaciones de soledad de personas mayores para poder ofrecerles un correcto seguimiento e incluso actividades que les permitan llevar a cabo una mayor socialización, determinar posibles situaciones de violencia de género y cualquier otra forma de maltrato hacia personas mayores y personas con discapacidad.
En la Sección de Colaboración con el Tercer Sector que se constituye hoy están integradas, además de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, las Consejerías de Sanidad, Educación, Fomento y Medio Ambiente, Empleo e Industria, y en representación del Tercer Sector, Cruz Roja, Cáritas, EAPN, CERMI, Poicyl, Federación de Jubilados y Pensionistas, AFA, Femur y Fedemur. Asimismo, una de las primeras medidas que va a adoptar este grupo de trabajo es el desarrollo de una Red Social para la sensibilización y detección de situaciones de especial vulnerabilidad y fomento del buen trato, en la que se integrarán, además de entidades del Tercer Sector, asociaciones vecinales y otro tipo de establecimientos como farmacias o comercios de proximidad con el fin de llegar a los habitantes de todo el territorio, especialmente a los que residen en el mundo rural. También, en colaboración con las propias entidades, se llevarán a cabo medidas formativas de cara a conseguir una mayor sensibilización y capacitación de los profesionales y se realizarán acciones de carácter preventivo sobre estas posibles situaciones, fomentando el “buen trato”.
La puesta en marcha de esta Red Social se iniciará con la creación de grupos de trabajo en cada uno de los ámbitos mencionados (detectar situaciones de soledad de personas mayores, posibles situaciones de violencia de género y cualquier otra forma de maltrato hacia personas mayores y personas con discapacidad) para consensuar los protocolos de actuación y coordinación. Para poder formar parte de esta Red, se formalizará con las entidades interesadas un protocolo de adhesión con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
En la reunión que ha mantenido hoy la Sección de Colaboración con el Tercer Sector se ha analizado además el nuevo Decreto de Concertación Social, con el que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pretende dar garantías de sostenibilidad al sistema actual de prestación de servicios sociales. Dicha norma, que reforzará también la participación de estas entidades, comienza ahora la fase de audiencia al resto de Consejerías tras su publicación en Gobierno Abierto, con el objetivo de poder aprobarlo en el plazo de cuatro meses.
Entre las principales novedades del Decreto de Concertación cabe recordar que establece una experiencia acreditada mínima como requisito (no como criterio de valoración) para poder concertar, en los criterios de selección y su ponderación primarán factores sociales (certificación de calidad y experiencia acreditada, valoración de los usuarios…) más que el precio o los aspectos económicos del contrato. En caso de empate se dará prioridad a las entidades sin ánimo de lucro y si dicho empate perdura, se primará a las que incluyan medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y el acceso al mercado laboral de personas en situación de vulnerabilidad.
El Tercer Sector en Castilla y León, formado por 3.000 entidades que prestan más de 5.000 servicios de calidad, constituye sin duda un activo fundamental en nuestra sociedad. De hecho, complementa el sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública y participa en su construcción, consolidación y despliegue, apostando siempre por la innovación y la profesionalidad.
Para reforzar su reconocimiento y labor, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha avanzado que hoy se anuncia en el portal de Gobierno Abierto, el inicio de la elaboración de un borrador de posibles contenidos de la futura Ley del Tercer Sector Social en Castilla y León, que cuenta con varias líneas estratégicas: establecer el papel del Tercer Sector y su ámbito de intervención, favorecer e impulsar su participación y la interlocución social, promover el reconocimiento a la labor que realiza, dotarlo de seguridad jurídica y adaptar el voluntariado a la realidad social actual de Castilla y León.