CCOO y UGT se concentran ante la Subdelegación del Gobierno para mostrar su disconformidad por una sentencia del Constitucional que daba conforme a ley el despido de una trabajadora que tenía bajas intermitentes de manera justificada.
Toda vez que el Tribunal Constitucional dictaba el 19 de octubre una sentencia en la que consideraba ajutado a derecho el despido por enfermar a una trabajadora madrileña, CCOO y UGT en Soria han exigido ante la sede de la Subdelegación del Gobierno la derogación de la reforma laboral, ya que ambas organizaciones no comparten esta decisión judicial.
Medio centenar largo de personas se concentraba ante el edificio gubernamental para después trasladar al subdelegado del Gobierno este propósito, debido, en palabras de Javier Moreno, a la interpretación del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, ya que la sentencia ha permitido el despido a dicha empleada que contaba con bajas justificadas de manera intermitente. "El cómputo de estas jornadas se hace de manera individual, y no de forma colectiva como se hacía antes de 2012", ha señalado Javier Moreno, secretario general de CCOO, quien ha explicado también que esta circunstancia "criminaliza" a los trabajadores y causa "miedo" sobre todo en los puestos más precarios, ocupados mayormente por mujeres, y en sectores como el sociosanitario o en agricultura.
Moreno ha incidido en que existen trabajos donde lo físico es "muy repetitivo" y en los que se levantan pesos excesivos y se adquieren lesiones de tipo muscular con frecuencia. Sin embargo, para el dirigente sindical, habrá quienes no se acojan a las bajas justificadas "por miedo a los despidos".
También ha reseñado que los embarazos, pese a no ser abordados como enfermedad común, en ocasiones las mujeres, al ver dilatado por las mutuas el tiempo para no resultar baja laboral, en muchas ocasiones son diagnosticadas por el médico de cabecera donde la gestación es concebida como enfermedad común.
Por su parte, Óscar Lobo, de UGT, ha coincidido en afirmar que es preciso derogar la actual legislación laboral, y ha recalcado que esta sentencia "penaliza doblemente" al trabajador, no solo por su enfermedad, sino por "cuestiones de seguridad". Así, ha puesto como ejemplo el de un profesional del transporte que prefiere mantener su puesto de trabajo, pese a su estado de salud, para no ser despedido "poniendo en riesgo" la seguridad de los ciudadanos.
Abundando, el sindicalista ha descrito que también pueden darse otros casos como el sanitario, donde una infección puede ser contagiada por parte del trabajador "a sus compañeros o al resto de la sociedad".
"Es una sentencia totalmente injusta, no propia de un sistema democrático, es consecuencia de la Reforma Laboral", ha concluido.