Los técnicos de Protección Civil de las subdelegaciones ayudarán a valorar los daños ocasionados y su encaje en las distintas líneas de ayuda estatales de las que se dispone.
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, ha explicado esta mañana en Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora) las principales líneas de ayuda que brinda el Estado para intentar encajar los daños sufridos en Castilla y León por las inundaciones sufridas durante la penúltima semana del año 2019.
Además, ha indicado que todos los subdelegados del Gobierno de las provincias afectadas por las inundaciones tienen instrucciones de brindar personalmente a los alcaldes toda la colaboración de los técnicos de la Administración del Estado para evaluar los daños ocasionados.
Así lo ha anunciado en el transcurso de una reunión con los alcaldes de la zona que han sido invitados por el primer edil de Santa Cristina de la Polvorosa. Mercedes Martín ha estado acompañada por el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.
“Cuando se analicen lo daños”, ha indicado, “sabremos el encaje de los siniestros dentro de las subvenciones contempladas en el Real Decreto 307/2005 por el que se determinan las ayudas en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica”.
Estas ayudas de emergencia están enfocadas a paliar daños materiales en viviendas y enseres o incluso daños personales a unidades familiares. También para sufragar los gastos realizados por las corporaciones locales derivados de actuaciones inaplazables en situación de emergencia cuando su objeto ha sido el funcionamiento de los servicios públicos esenciales e imprescindibles para garantizar la vida y la seguridad de las personas.
Igualmente contempla ayudas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios con menos de 50 trabajadores por daños de cualquier naturaleza en las edificaciones, instalaciones o bienes de equipamientos afectos a la actividad empresarial.
Por último, también pueden beneficiarse las personas físicas o jurídicas que hayan efectuado prestación personal o de bienes requeridas por la autoridad competente.
Para solicitar estas ayudas hay un plazo de un mes contado a partir del momento en el que se produce el siniestro, si bien podrían retomarse las subvenciones recogidas en esta norma en aquellos municipios que sean declarados zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en virtud del Real Decreto-ley 11/2019.
Esta norma y el amparo que ofrece es, según ha dicho la delegada, “a mi juicio, todavía más interesante. Es el conjunto de medidas que ustedes piden, a las que se refieren cuando quieren la declaración de zona catastrófica”.
El artículo 1.3. del propio Real Decreto-ley, aunque entró en vigor el 21 de septiembre de 2019, permite incluir dentro del paraguas de esta norma hechos de naturaleza catastrófica que puedan acaecer hasta el 31 de marzo de 2020.
Esa inclusión permitiría articular la adopción de un conjunto de medidas por parte, ahora mismo y a la espera de la estructura del nuevo Gobierno, de nueve ministerios para paliar los daños personales y materiales causados por este siniestro.
El Ministerio del Interior gestionaría todas las ayudas que contempla el Real Decreto 307. Mercedes Martín ha señalado que considera que “es preferible ir presentando las solicitudes dentro del plazo de un mes ya indicado sin esperar a la declaración de zona afectada gravemente por esta emergencia de protección civil”.
Por lo que respecta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la mayor parte de la compensación de los daños por las pérdidas sufridas en las producciones agrícolas y ganaderas procederá de las indemnizaciones de los seguros agrarios, pero el Decreto-ley contempla conceder ayudas a aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas que no tengan contratada la póliza del seguro cuando hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción, siempre y cuando se hubiera contratado el seguro para la campaña anterior y en esta campaña no se hubiera contratado aún, porque todavía les quedaba plazo para formalizar la póliza, o porque no se había abierto el período de suscripción.
Los titulares de explotaciones agrícolas con pólizas amparadas por el Plan de Seguros Agrarios Combinados podrán recibir ayudas para paliar daños que no sean asegurables.
En cuanto al Ministerio para la Transición Ecológica, se encargaría de la restauración del dominio público hidráulico.
El Decreto-ley faculta al Ministerio de Fomento a declarar de emergencia las obras ejecutadas por ese departamento para reparar los daños ocasionados en infraestructuras de su titularidad, si las hubiera. Serían actuaciones de ADIF, AENA, Renfe o Carreteras. “Aunque”, según Mercedes Martín, “por las referencias que ahora mismo tenemos, de haberse producido daños en estas infraestructuras, habrán sido mínimos”.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública gestionará las ayudas para reparar los daños en infraestructuras municipales y en la red viaria de las diputaciones provinciales. Estas ayudas financiarían hasta el 50% del coste de cada proyecto.
Por lo que respecta al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el Decreto-ley permite establecer bonificaciones y exenciones de cuotas de la Seguridad Social.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda concretaría las exenciones en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las reducciones en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Como es habitual, estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.
En el ámbito del Ministerio de Economía y Empresa, el Decreto-ley contempla que se podrá solicitar la actuación del Consorcio de Compensación de Seguros para una evaluación más correcta de los daños no personales (en viviendas o empresas) siempre que no afecten a bienes de titularidad pública.
La activación de ayudas para empresas será la aportación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para paliar las consecuencias de las situaciones catastróficas.
Mercedes Martín se ha comprometido a trasladar a la Confederación Hidrográfica del Duero las inquietudes de los alcaldes y alcaldesas, pero ha indicado que “es muy difícil evitar estos desbordamientos cuando llegan temporales que hacen que llueva en un día lo que normalmente se recoge en tres meses. Y ha habido zonas de Castilla y León en las que, en 24 horas, ha caído una cuarta parte del agua de lluvia de todo el año. Podemos, eso sí, hacer que los efectos no sean tan devastadores.
“Pero saben”, ha continuado señalando, “que el artículo 28.4 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, establece que las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, esto es, a los Ayuntamientos y, en su caso, a la Administración Autonómica, es decir, a la Junta de Castilla y León”.
Y en el caso de que las actuaciones en cauces públicos consistan en trabajos menores de acuerdo con el artículo 32.3 del Plan Hidrológico del Duero, bastará con presentar una declaración responsable que es un documento suscrito por el interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente para la realización de actuaciones menores de conservación del dominio público hidráulico en la cuenca del Duero, que dispone de la documentación que así lo acredita, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el ejercicio de la actividad que motiva la declaración.
La delegada del Gobierno se ha referido también a “algunas manifestaciones de representantes y servidores públicos que he seguido casi con incredulidad” en alusión a que “su ofrecimiento a los ayuntamientos ha sido ayudar a solicitar las subvenciones del Estado a la vez que criticaban duramente la actuación de otras instituciones”.
Mercedes Martín ha recordado que la Junta de Andalucía aprobó en septiembre del pasado año 75 millones de euros en ayudas de emergencia para paliar los efectos de la última DANA. O que la Generalitat Valenciana habilitó 13,5 millones de euros sólo para ayudas con las que los damnificados por las inundaciones de 2019 pudieran adquirir bienes domésticos y de primera necesidad. “Son sólo dos ejemplos”, ha dicho, “de hasta dónde se puede implicar un Gobierno Autonómico, si quiere”.
Igualmente ha recordado que le corresponde a la Administración competente, la Junta de Castilla y León, la gestión de las inundaciones en lo que a protección civil se refiere en virtud del INUNCYL: “Desde el Gobierno de España ofrecemos y aportamos toda la colaboración que podemos a la Junta, como ha ocurrido ahora y siempre.
Pero ellos son los competentes. Como lo son en el caso de otras emergencias como la extinción de los incendios forestales o el rescate de personas atrapadas por temporales de nieve”.
También ha destacado que “la Guardia Civil, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la UME, el personal de la AEMET, las confederaciones hidrográficas, nuestros técnicos de Protección Civil, los equipos de conservación de las carreteras… están siempre trabajando decididamente para hacer frente a los riesgos y paliar los daños”.
Y ha añadido que “no sé con cuanto personal cuenta la Junta de Castilla y León para ayudar a la población a salvar episodios de inundaciones. No he visto publicado el número de efectivos en ningún lugar ni sé tampoco de cuántos medios materiales dispone, pero sí sé que en este Estado de las Autonomías en el que vivimos, las instituciones tenemos distribuidas las competencias y que sería una dejación de funciones que la Administración competente en combatir situaciones de riesgo para la población, en este caso la Junta, no dispusiese de los medios necesarios para intentar controlar la situación. Y cuando no llegase, cuenta con nuestra leal colaboración y apoyo subsidiario”.