CASTILLA Y LEóN
Actualizado 29/01/2020 17:17:19

Agrupaciones cinegéticas, ecologistas, colegios profesionales así como federaciones deportivas y ayuntamientos, entre otros, formulan sus puntualizaciones después de que el texto haya estado sometido a información pública.

El pasado viernes, 17 de enero de 2020, finalizó el trámite de información pública del anteproyecto de ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, cuyo texto íntegro, su memoria y anexo han estado disponibles en la plataforma de Gobierno Abierto para su consulta y para la presentación de alegaciones durante un mes. Durante este período se han recibido un total de 162 alegaciones de colectivos y entidades.

Entre los colectivos que han presentado las alegaciones destacan el de cazadores, asociaciones de caza; la Federación de caza y la Federación de galgos, asociaciones ecologistas, grupos conservacionistas y animalistas, colegios profesionales, asociaciones de turismo activo y alojamientos rurales, federación de montañismo y deportes de escalada, asociaciones profesionales agrarias, asociación profesional de guardas jurados, asociaciones micológicas, así como la Federación Regional de Municipios y Provincias, numerosos ayuntamientos y juntas vecinales.

Simultáneamente a este período de información pública, el texto se sometió a los trámites de audiencia a interesados, así como informe de las distintas consejerías de la Junta de Castilla y León.

Una vez concluida esta fase, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, está analizando ahora las alegaciones formuladas y las que sean estimadas se incorporarán al texto del Anteproyecto de ley, cuya nueva redacción se someterá al dictamen, por este orden, del Consejo Regional de Medio Ambiente, Consejo Económico y Social de Castilla y León, informe de la Dirección de Servicios Jurídicos, del Consejo Consultivo y de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

La tramitación del Anteproyecto de ley finaliza con su sometimiento a la Comisión de Secretarios Generales y su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno, para su remisión a las Cortes de Castilla y León con el fin de su tramitación como Proyecto de Ley.

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