Fernández Mañueco ha informado hoy que la Administración autonómica aplaza un mes distintos impuestos para las empresas, periodo que se ampliará si se extiende el estado de alarma. Esta medida dejará 42 millones en los bolsillos de 38.000 contribuyentes. Ha avanzado, además, que inyectará de forma inmediata, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) y en colaboración con Iberaval, 100 millones de euros de liquidez para llegar a 3.000 empresas para que prosigan con su actividad.
El presidente de la Junta de Catilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado hoy dos nuevas medidas económicas con un impacto total de 142 millones de euros para apoyar a trabajadores y empresas en la crisis provocada por el Covid 19. Tras asegurar que todos los departamentos de la Junta trabajan al máximo para tomar en cada momento las medidas más adecuadas, y agradecer la colaboración leal de todos los grupos políticos e instituciones, así como de todos los profesionales que, de un modo u otro, están trabajando para hacer frente a la actual situación, el presidente de la Junta ha explicado las dos nuevas medidas económicas acordadas en el marco del Diálogo Social.
En primer lugar, Fernández Mañueco ha avanzado la adopción de medidas fiscales para aplazar las obligaciones de presentación y pago en determinados impuestos competencia de la Comunidad, con el objetivo de evitar posibles tensiones en tesorería para familias, pymes y autónomos. Para ello, se aplaza el cobro de los impuestos de 38.000 contribuyentes aproximadamente, por sucesiones y donaciones, así como por transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados de personas físicas, pymes y autónomos.
Se trata de una orden de la Consejería de Economía y Hacienda, extraordinaria, de carácter temporal y de apoyo financiero, cuyo impacto asciende a aproximadamente 42 millones de euros y que permite inyectar liquidez en la economía de Castilla y León al disponer los contribuyentes de estas cuantías durante un plazo mayor de tiempo.
Con la puesta en marcha de esta medida se quiere transmitir tranquilidad a la población facilitando la ampliación de los plazos inicialmente por un mes y, en sucesivos meses, si fuera necesario en caso de alargarse el estado de alarma decretado por el Gobierno.
La orden cuenta con tres artículos: el primero establece la ampliación de los plazos para la presentación y pago de autoliquidaciones de los impuestos descritos; un segundo artículo habilita a la directora general de Tributos y Financiación Autonómica para prorrogar la ampliación de los plazos establecidos en la orden por periodos de un mes, si fuera necesario.
Finalmente, el tercer artículo establece la entrada en vigor en el momento de su publicación en el BOCYL, que se aplica tanto a los plazos en curso no vencidos surgidos de hechos imponibles devengados con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden, como a los plazos que se abran como consecuencia de hechos imponibles que se devenguen a partir de su entrada en vigor. La vigencia se extenderá hasta la finalización del estado de alarma.
Por último, la Junta asegura que los contribuyentes que necesiten efectuar algún trámite tributario durante el estado de alarma puedan efectuarlo de forma telemática en el portal tributario de la web del Gobierno Autonómico. Asimismo, se ha reforzado la atención telefónica en los Servicios Territoriales de Hacienda de todas las provincias, así como la atención a las consultas tributarias a través de correo electrónico: consultas.tributos@jcyl.es
El contenido de esta iniciativa se ha consultado a los agentes del Dialogo Social en el marco de las medidas laborales, sociales y económicas relacionadas con la crisis del COVID-19.
En segundo lugar, Fernández Mañueco ha anunciado que Junta inyectará de forma inmediata, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) y en colaboración con Iberaval, 100 millones de euros de liquidez para llegar a 3.000 empresas para que puedan proseguir con su actividad. El Gobierno de Castilla y León multiplica la capacidad de respuesta para hacer frente a la situación económica derivada del impacto de la crisis sanitaria causada por el COVID-19.
Se trata de un impulso a la actividad económica, tras la declaración del estado de alarma, que tiene como objetivo garantizar de forma urgente la liquidez de las empresas y autónomos de la Comunidad. Así, la Consejería de Economía y Hacienda, a través del ICE, pondrá en marcha préstamos avalados junto a Iberaval a partir de cuatro medidas financieras:
1ª.- Línea de liquidez para sostener a micropymes y autónomos bonificados dotada con 20 millones de euros.
2ª.- Línea de apoyo al mantenimiento de la actividad empresarial de PYMES, a través de la reorientación de las líneas de ‘ICE Financia’ que movilizará recurso por 40 millones de euros para circulante.
3ª.- Línea para obtener financiación de circulante e inversión para implementar soluciones digitales de urgencia para impulsar fórmulas de teletrabajo y modernización de empresas 25 millones
4ª.- Aplazamiento en el pagos cuotas sobre créditos para facilitar liquidez que movilizaría un ahorro de 15 millones de euros.
En concreto, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), pondrá a disposición de micropymes y autónomos una línea para incrementar su liquidez y ayudarlas al sostenimiento de sus actividades críticas por la crisis sanitaria. Para ello, facilitará préstamos de entre 6.000 y 40.000 euros sin intereses. Esta línea de avales tendrá una carencia de hasta 12 meses, una amortización de 3 años, y permitirá bonificar los costes de las operaciones solicitadas por pymes de hasta 5 trabajadores y autónomos. Movilizará un valor global de 20 millones de euros.
Se podrán materializar 600 operaciones de crédito por un importe máximo de 40.000 euros con una bonificación del 100 % de los costes financieros.
La Consejería de Economía y Hacienda impulsa el apoyo al mantenimiento de la actividad de pymes de sectores especialmente afectados por la crisis del COVID-19 como la hostelería, comercio, sector manufacturero o sector turístico, entre otros.
Se trata de líneas de avales para préstamos entre 3 y 4 años con un año de carencia. El límite de la cuantía será determinado por la necesidad de la empresa a corto plazo y la capacidad de la misma para el mantenimiento de la actividad. Supone un refuerzo del programa ICE Financia, que es la herramienta promovida, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial, para facilitar el acceso al crédito del tejido productivo autonómico y con ello la generación de actividad y empleo en Castilla y León.
Así, parte de las líneas de que dispone ese programa, se reorientarán a las operaciones de circulante con una financiación por un total de 40 millones de euros.
El programa ICE Financia se estructura actualmente en doce líneas dirigidas a diversos colectivos y sectores estratégicos. Canaliza la concesión de créditos avalados con un importe que se sitúa entre los 6.000 y los 600.000 euros, que pueden cubrir el 100% de la inversión total, y un plazo de amortización de hasta 15 años, dependiendo del producto.
El ICE pone en marcha una línea para obtener financiación de circulante e inversión para implementar soluciones digitales de urgencia que fomenten el teletrabajo y otros procesos vinculados a la modernización de las empresas y su digitalización. Estas líneas cuentan con avales para la obtención de préstamos de entre 6.000 y 600.000 euros. Esta línea de avales tiene 5 años de amortización más 12 meses de carencia, y prevé una movilización de 25 millones de euros.
Por último, la Junta de Castilla y León pondrá en marcha el aplazamiento en los pagos de las cuotas de los créditos de la Lanzadera Financiera, para aumentar la liquidez, que movilizaría un ahorro de 15 millones de euros en los créditos de los programa de Reindustrialización y de Crecimiento Empresarial.
Estas medidas extraordinarias que tienen como objetivo sostener y mantener la actividad económica en la Comunidad, tras la declaración del estado de alarma, se han consultado con los agentes económicos y sociales en el marco de las medidas laborales, sociales y económicas frente a la crisis sanitaria.