Se pide a las autoridades sanitarias que "vigilen estrechamente los protocolos clínicos" para que no concurran en "discriminaciones odiosas".
Desde Federación ASPACE CyL, se suman a la exigencia requerida por el CERMI a las autoridades sanitarias a través del Ministerio que aseguren que no se discrimine por razón de discapacidad en los protocolos clínicos de atención a pacientes contagiados con el coronavirus, pues "la discapacidad no puede ser una circunstancia o factor de menor valor de la persona".
Toda actuación de las instituciones y profesionales sanitarios, en cualquier situación, señalan desde ASPACE CyL, "debe estar presidida por los mandatos imperativos de derechos humanos de no discriminar ni de trata desigualmente y de actuar sin prejuicios y sesgos que castigan a quien se considera “diferente” y por tanto de menor valor, cuya salud a cuya vida es sacrificable por ser menos prioritaria".
En este sentido, el artículo 26 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España y de plena vigencia en nuestro país, establece que “los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad”.
Los protocolos clínicos o las propuestas de actuación de sociedades científicas están sometidos al ordenamiento jurídico y al principio fundamental de no discriminación, y no puede aplicarse en contra o a costa de los derechos humanos de todas las personas, incluidas las que presentan una discapacidad. Las sociedades científicas han de revisar sus protocolos y manuales para desterrar cualquier atisbo de desigualdad y para que resulten absolutamente respetuosos con el marco de derechos humanos que rigen en España.
Es por lo que se reclama a las autoridades sanitarias que "vigilen estrechamente que todos los protocolos clínicos que se aplican en la actual crisis del coronavirus son garantistas del principio de igualdad y no incurren discriminaciones odiosas y prohibidas y pide al Ministerio Fiscal su intervención para promover la acción y la protección de la Justicia con los grupos sociales que pueden verse más expuestos a tratos excluyentes".
También solicitan al Ministerio que recabe del Comité de Bioética de España un "pronunciamiento urgente sobre la cuestión (la atención equitativa y sin discriminaciones en situaciones extraordinarias de emergencia pandémica) que deje acreditados los criterios oficiales que ha de seguirse en estas situaciones, sin que se impongan textos sin valor como los de las sociedades científicas que en ningún caso son Derecho aplicable ni vinculan, y más cuando sea burdamente contrarios al ordenamiento jurídico de un país democrático".