Acepta la petición del Colegio de Médicos para proteger el derecho fundamental a la salud e integridad de los sanitarios pero también de los ciudadanos que acuden a los centros hospitalarios por el coronavirus.
El Juzgado de lo Social 1 de León ha ordenado a la Consejería de Sanidad de Castilla y León suministrar “con carácter urgente e inmediato y de forma continuada” material de protección para evitar contagios por el coronavirus al personal que trabaja en los centros hospitalarios y asistenciales públicos y privados de León y en los servicios de emergencia.
El Juzgado acepta así la solicitud de medidas cautelarísimas presentada por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de León y urge a la administración sanitaria para que en un plazo no superior a las 24 horas provea de batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, kits PCR diagnóstico Covid-19 y sus consumibles, kits de diagnóstico rápido (detección de antígeno), gafas y pantallas de protección, hisopos y contenedores grandes de residuos en todos los centros hospitalarios, centros asistenciales de Atención Primaria, servicios de emergencias, centros con pacientes institucionalizados, así como todos los demás centros asistenciales de la provincia de León, ya sean públicos o privados y cualesquiera otras dependencias habilitadas para uso sanitario.
La medida pretende garantizar no sólo el derecho fundamental a la integridad física y moral del personal estatutario y en su caso funcionario sino que “dicha protección va más allá, por cuanto con las medidas que ahora se van a adoptar, también se está tutelado la salud pública, es decir el derecho fundamental a la integridad física y moral de los ciudadanos, al menos de los que acudan a los centros sanitarios de León y su provincia y/o de los que tengan contacto con el personal a que se refiere esta medida”, explica el juez en su resolución.
El magistrado destaca “la profesionalidad y sacrificio diario de nuestro personal sanitario y de todas las demás profesiones que de una u otra manera tienen que abordar de forma más directa esta pandemia ocasionada por el virus COVID-19”.
Además, considera “elemental la necesidad de proteger al máximo la salud también de dicho personal sanitario, conforme se solicita en la petición inicial, con la dotación de los EPIs que reclaman, los cuales son esenciales para los fines que se solicitan”.
Según recoge el auto, la urgencia de la petición a que se da respuesta está totalmente justificada dada la evolución de la citada pandemia y señala que desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Covid-19 como una “Emergencia de Salud Pública de importancia internacional” a principios de febrero “se estaba en condiciones de articular medios de protección adecuados, tanto de EPIs, como de otra índole, para paliar, en la medida de lo posible las consecuencias de esta pandemia que estamos padeciendo”.
Lo acordado en el auto es de ejecución inmediata pese a que contra el mismo cabe recurso de reposición en los tres días posteriores a la notificación.