PROVINCIA
Actualizado 30/03/2020 20:58:50

El presidente del sector de Administración General de Castilla y León CSIF, Mariano Prieto, reclama a la Junta de Castilla y León los trámites necesarios, para que los empleados públicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente colaboren en la crisis provocada por el coronavirus. Denuncia que no se han aclarado las funciones imprescindibles y sus puestos; y no se ha informado de protocolos y procedimientos de forma personalizada, ni del resto de medidas que eviten el riesgo de contagio del Covid-19.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), por indicaciones de muchos empleados públicos, ha requerido al consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta que se inste al Gobierno el establecimiento de las funciones y servicios de los agentes forestales y ambientales, bomberos forestales, celadores y otros técnicos, para colaborar en la emergencia sanitaria del coronavirus. Pueden ser tareas como la desinfección de infraestructuras y espacios públicos, el reparto de medicamentos y material de protección (EPIs), o el desplazamiento de enfermos.

“Son muchos los trabajadores con deseo de arrimar el hombro para superar esta crisis sanitaria, que consideran que se debe contar con la colaboración efectiva y coordinada de todos ellos, con el fin de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, y contener la progresión de la enfermedad, debiendo cumplir, en todo caso, todas la medidas y protocolos de seguridad establecidos por las autoridades sanitarias para evitar el contagio de la enfermedad”, explica CSIF.

Los empleados públicos de Fomento y Medio Ambiente de la Junta asisten, con expectación, a las distintas interpretaciones de las funciones que pueden hacer, según las distintas provincias de la Comunidad Autónoma, y desde la entrada en vigor del Estado de Alarma.

Se trata de trabajadores conocedores del medio natural, en el que habitualmente desarrollan su labor, manteniendo un estrecho contacto con la población que vive en las zonas rurales. Disponen de amplia experiencia en la realización de funciones propias de la autoridad, así como formación y experiencia en la gestión de emergencias que consideramos no se puede desaprovechar, recuerda CSIF.

Por otro lado, en CSIF, desde la declaración del Estado de Alarma, se han recibido numerosas quejas de los empleados púbicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, denunciando que no se han comunicado a los trabajadores las funciones que resultan imprescindibles para el servicio público, ni los puestos de trabajo vinculados a dichas funciones, ni el personal que los debe desempeñar.

Además, comentan que la información que vienen recibiendo desde las diferentes unidades administrativas, es, cuanto menos, incompleta, confusa y, en ocasiones, contradictoria, lo que está generando entre los trabajadores sensaciones de indefensión y alarma, añadidas a las ya generadas por la emergencia en sí, y por las consecuencias de ésta en el ámbito personal, familiar y laboral.

Asimismo, se une la falta de protocolos de actuación específicos y concretos adaptados a cada puesto de trabajo, a la inexistencia o escasez de medios y materiales preventivos necesarios para el cumplimiento de las normas obligatorias, y al retraso en la definición de las actividades declaradas como esenciales. “Solo sirve para aumentar el estado de confusión e indefensión de estos trabajadores, quienes, además, comentan que se ven expuestos cada día al riesgo de contagio en sus puestos de trabajo”, añade CSIF.

Se ha solicitado que se informe claramente de los protocolos y procedimientos de salud pública del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Sanidad, “que afecten a esos puestos previamente definidos, para que así sean respetados, y la colaboración con los servicios de prevención de riesgos laborales”.

En cuanto al trabajo que deba ser presencial, por resultar imprescindible, CSIF pide que se garantice la seguridad de los trabajadores a través de unas medidas preventivas, equipos de protección y formación acordes a la situación de riesgo del Covid-19, según normativa de Prevención de Riesgos Laborales.

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