CSIF exige al Gobierno que mantenga las condiciones, porque muchas personas no llegarán al SMI, y que se compensen las jornadas perdidas tras la crisis. El sindicato afirma que "este ERTE camuflado no es admisible porque la empresa cerró el año pasado con un beneficio neto de 14 millones".
Paradores ha anunciado al comité de empresa que pretende reducir el sueldo hasta en un 50% a la plantilla de la empresa pública, que lleva cerrada desde el 16 de marzo y que desconoce cuándo podrá reanudar su actividad.
Los trabajadores/as han consumido ya los días que les correspondían por exceso de horas realizadas en 2019 así como el permiso retribuido recuperable que aprobó el Gobierno desde el 30 de marzo hasta el 11 de abril.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, lamenta que, "de cumplirse la propuesta de Paradores, habría un amplio colectivo de trabajadores que no llegarían a cobrar ni el salario mínimo dados los sueldos que se manejan en la empresa pública". Por ello, el sindicato exige al Gobierno una "solución digna" para los trabajadores/as de Paradores, que figuran como empleados públicos en el Convenio.
CSIF exige que se respeten las mismas condiciones laborales y que las jornadas, que no se puedan realizar hasta que se reanude la actividad, se compensen por parte de los trabajadores en los próximos años ampliando el horario. Sin embargo, la empresa se ha negado a negociar este punto lo que dejaría a los trabajadores al límite de la supervivencia económica. "Paradores pretende quitarles la prima de producción que es lo que permite llegar o acercarse, en el caso de determinados colectivos, a los 1.000 euros brutos mensuales", afirman desde CSIF.
El sindicato recuerda que Paradores ha cerrado los últimos años con beneficios superiores a los 14 millones netos de euros. Un colchón que debe utilizarse en una época como ésta en la que CSIF denuncia que Paradores, en realidad, pretende realizar un ERTE camuflado a sus trabajadores sin utilizar esa palabra que el Gobierno ha prohibido realizar a las empresas públicas.