Ángiel Ibáñez, consejero de Presidencia. /Jta.


CASTILLA Y LEóN
Actualizado 29/04/2020 11:02:19

Ángel Ibáñez expone ante la comisión de su departamento la tarea de cada una de las áreas de la Consejería en relación con el COVID-19, demostrando la anticipación de la Junta ante el establecimiento del Estado de Alarma, la agilidad para reorganizar a los efectivos en áreas vitales para la lucha contra la pandemia y la determinación en cuantas medidas han sido necesaria para afrontar la crisis.

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha comparecido esta mañana en la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León, para dar cuenta del trabajo gestionado hasta el momento por la Consejería de la Presidencia ante la crisis del COVID-19. Ha estructurado su comparecencia según la actividad relacionada con el COVID-19 en los centros directivos, de tal forma que ha expuesto las actuaciones llevadas a cabo en las áreas que garantizan la correcta organización y funcionamiento de la Administración, como son los Órganos Colegiados de Gobierno y la Dirección de Función Pública; la labor en materia jurídica que da cobertura a todas las consejerías; la tarea de las Delegaciones Territoriales como responsables de la Junta en cada provincia y el contacto permanente con las entidades locales a través de los mecanismos habilitados para tal efecto. Asimismo, ha expuesto las acciones en materia de relaciones con otras instituciones y comunidades; la ingente tarea de comunicación efectuada por la Junta a lo largo de la crisis y una perspectiva de adaptación y futuro para la Agenda 2030, empezando por la ‘buena gobernanza’ como ejemplo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo.

Función Pública

Ante la situación de crisis mundial ocasionada por la pandemia, la Junta se planteó establecer prioridades y acciones que, con agilidad, protegieran a los empleados públicos, manteniendo el funcionamiento esencial de la Administración. Comunicar a las organizaciones sindicales el Acuerdo 9/2020, de 11 de marzo, sobre medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma con motivo del COVID-19, supuso adelantar la prevención de la Comunidad al Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España. Como ha explicado el consejero, a partir de la Dirección General de Función Pública se coordinaron los planes de contingencia y continuidad que después adoptarían, conforme a sus necesidades esenciales, cada una de las consejerías de la Junta. Asimismo, ha sido fundamental la coordinación inicial con la Dirección General de Telecomunicaciones en la habilitación de ‘trabajo en remoto’ para los empelados públicos que se definieron con capacidad para trabajar de manera no presencial y, por otro lado, el establecimiento de las medidas prioritarias que a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se establecieron para garantizar la protección de los trabajadores en todos los centros e instalaciones de la Administración de Castilla y León.

A lo largo de la comparecencia, Ibáñez ha detallado la previsión con la que la Junta está actuando en todo momento, “de nuevo estamos optando por la anticipación, la determinación y la agilidad. Y por ello iniciamos, hace ya casi 20 días, el análisis de los criterios para planificar la desescalada en la actividad de la prestación de los servicios públicos con las mayores garantías de prevención de riesgos de nuestros empleados públicos”, ha indicado el consejero.

En el apartado de la gestión del personal, que tan importante ha sido para organizar la Administración a las nuevas necesidades y de forma urgente, el consejero ha explicado cómo se ha adaptado el sistema de gestión de personal materializándose en la ORDEN PRE/339/2020, de 6 de abril, por la que se adoptan medidas en materia de asignación eficiente de recursos humanos disponibles en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y sus organismos autónomos ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. Norma que ha dotado de capacidad de gestión eficiente a los Centros de Servicios Sociales destinando 158 profesionales procedentes de la Consejería de Educación. Asimismo, el desarrollo de procesos ágiles de incorporación de personal interino ha permitido contratar a 112 personas más. En palabras del consejero, tras la asignación de esos 270 efectivos “poder cumplir con una situación excepcional nos ha obligado a adaptar nuestro sistema de gestión integrada de personal, mostrando una gran agilidad para modificar nuestras herramientas a las nuevas necesidades”.

Ibáñez ha destacado la gran labor de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, que cobran una especial importancia frente a una emergencia sanitaria, para salvaguardar la salud de los empleados públicos en toda la Comunidad. En relación con la información que se ha requerido por parte de organizaciones sindicales y los diferentes órganos de la Administración, se ha dado respuesta coordinada a través del 'Grupo de trabajo para el tratamiento de la información, transmisión y actualización de documentación e información referente a COVID-19'.

Asimismo, ha aprovechado para agradecer la labor de los empleados públicos y ha puesto de manifiesto que la Junta está evaluando cómo poner en valor la especial dedicación llevada a cabo por muchos de ellos. Así, Ibáñez ha anunciado la existencia de "un ‘Grupo de Trabajo Interconsejerías’ que ya lleva un tiempo trabajando, y que deberá proponer, -por supuesto dentro de un espacio de consenso con las organizaciones sindicales-, el uso de las fórmulas que procedan para reconocer la especial implicación, disponibilidad, responsabilidad, profesionalidad y humanidad de muchos de nuestros empleados públicos durante todo este periodo".

Servicios Jurídicos

Los servicios jurídicos están siendo de gran utilidad en el apoyo a los diferentes departamentos y órganos para el funcionamiento de los servicios públicos. Como ha señalado el consejero, la Dirección de los Servicios Jurídicos ha participado en la elaboración y seguimiento del Plan de Continuidad de la actividad de la Administración de la Comunidad, han sido decisivos en la elaboración de distintas instrucciones y órdenes para garantizar las aplicaciones normativas derivadas del establecimiento del estado de alarma con plena seguridad. Los Servicios Jurídicos, además, han intervenido en numerosos procedimientos judiciales ante la reclamación de equipos de protección individual para el personal sanitario y socio sanitario por decisión de distintos colectivos, como colegios profesionales y sindicatos. En este sentido, se han contestado las reclamaciones en los plazos indicados aportando información precisa sobre el importante esfuerzo económico y personal en la compra de material en una situación de compleja existencia de stock a nivel mundial. Así, el consejero ha valorado positivamente los Autos de las dos Salas de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 9 y de 13 de abril respectivamente, de indudable trascendencia, en los que, tras las alegaciones presentadas por los Servicios Jurídicos de la Junta, desestiman la petición de medidas cautelares solicitadas por un sindicato, indicando "que la Junta de Castilla y León ha acreditado, mediante la documentación aportada, que ha realizado un importante esfuerzo económico y de gestión para facilitar a sus empleados los medios de protección que considera indispensables".

Administración Local

En el ámbito local, la tarea de la Junta ha sido incesante y prioritaria, como ha señalado el consejero en su intervención, detallando los contactos que se ha tenido con municipios de más de 20.000 habitantes, Diputaciones Provinciales, Federación Regional de Municipios y Provincias y Delegación del Gobierno de Castilla y León. El consejero ha indicado que se han mantenido una veintena de reuniones colectivas y comunicaciones por escrito en el periodo comprendido entre el 11 de marzo y hasta el 28 de abril con las diferentes entidades locales de Castilla y León, destacando la reunión que mantuvo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con alcaldes, presidentes de diputación y delegados territoriales antes del establecimiento del estado de alarma y en la mañana de ayer con la Junta de Gobierno de la FRMP.

Ibáñez ha hecho una defensa del mundo local, entendiendo que ante la situación de crisis derivada por el COVID-19 en la actualidad y en un futuro próximo, serán las entidades locales, por su indudable cercanía a los ciudadanos, las que mayor capacidad deban tener para hacer frente a la recuperación económica y social. “Somos conscientes que el mundo local va a seguir teniendo demandas y estaremos muy atentos a ello. Castilla y León puede acreditar su obligación con el mundo local, basta con comparar lo que han hecho unas Comunidades y otras”. En este sentido, el consejero ha detallado que se ha dotado de liquidez a las entidades locales mediante el anticipo de 16,5 millones de euros de modo incondicional para que éstas puedan hacer frente a las necesidades más urgentes derivadas de la crisis, y una cuantía adicional de 11 millones de euros destinada a actuaciones para la promoción del empleo en las entidades locales. Medidas que con determinación por parte de la Consejería adelantan los plazos respecto a otras convocatorias.

Relaciones Institucionales

En el apartado de relaciones con otras instituciones y comunidades autónomas, el consejero ha destacado la labor de la Consejería en la relación con las Cortes de Castilla y León, en las gestiones oportunas para las peticiones de comparecencia hasta en dos ocasiones del Presidente de la Junta de Castilla y León y de todos los consejeros. Y la coordinación de la Dirección de Relaciones Institucionales también con el Procurador del Común para agilizar las respuestas y actuaciones que la procuraduría ha solicitado a la Junta. Además, Ibáñez ha relatado los contactos mantenidos con sus homólogos en los gobiernos de Navarra y Aragón en relación con la necesidad de compartir asistencia sanitaria y dar soporte a provincias limítrofes de la Comunidad y con sus homólogos en los gobiernos insulares para garantizar la protección de los castellanos y leoneses que al inicio de la pandemia pudieran verse en una situación de desamparo.

Comunicación

La Dirección de Comunicación de la Junta de Castilla y León ha redoblado esfuerzos ante la situación de crisis en aras de la transparencia y conscientes de la especial importancia de informar a la población en un momento de crisis sanitaria sin precedentes. En este sentido, el consejero ha desgranado el funcionamiento de las diferentes facetas que soportan la comunicación integral de la Junta, desde el portal de comunicación provisto de todo tipo de contenidos de interés prioritario ante la pandemia como videos, audios, notas de prensa, o infografías, los contenidos de las redes sociales institucionales o el especial esfuerzo informativo materializado en las ruedas de prensa que con carácter diario han ofrecido la consejera de sanidad en compañía de los consejeros para dar cuenta de la actualidad frente a la pandemia, las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno protagonizadas por el portavoz de la Junta o las ruedas de prensa ofrecidas por el presidente de la Junta tras la reunión con el presidente del Gobierno de España y presidentes autonómicos. Todas ellas de forma telemática para garantizar la seguridad de los profesionales de los medios de comunicación. En este sentido, ha dado cuenta de la cobertura informativa ofrecida a todos los medios de comunicación y periodistas de la Comunidad, abriendo un canal vía whatsapp para canalizar las preguntas de las ruedas de prensa sin ninguna limitación, garantizando la transparencia en la información ofrecida por la Junta. Asimismo, ha detallado las campañas de difusión de información de las diferentes consejerías ante la crisis del COVID-19, indicando que además de la decena de campañas puestas en marcha "la Junta procederá a la adaptación de campañas inicialmente planificadas para aportar más información en recursos de la administración de la Comunidad de Castilla y León asociados a la lucha contra el COVID-19, en la que varias Consejerías ya están trabajando".

Delegaciones Territoriales

El consejero de la Presidencia ha explicado en su comparecencia las actuaciones que las Delegaciones Territoriales están desempeñando en cada una de las provincias para afrontar la crisis. En este sentido, ha destacado la especial relevancia de las Delegaciones en la correcta prestación de los servicios esenciales “su labor es fundamental para garantizar una prestación de servicios ágil y efectiva en toda la Comunidad, para vertebrar nuestro territorio con equidad y plenas garantías, y sobre todo, para acercar la Administración a nuestros paisanos donde lo precisen”. En la comparecencia ha relatado como las Delegaciones han respondido antes las necesidades de centros socio sanitarios, servicios de asistencia a domicilio, municipios y demás entidades que han requerido la ayuda de la Junta de Castilla y León en todo el territorio. Una tarea que Ibáñez ha calificado de excepcional y vital en la lucha contra el COVID-19 coordinando el reparto de material de protección y tareas de desinfección, entre otros. Ibáñez ha destacado "para que se hagan a la idea de lo que ha supuesto este actividad en nuestra Comunidad, el material repartido hasta el momento a través de las Delegaciones Territoriales ha ascendido a fecha de hoy, porque seguiremos repartiendo, a la importante cantidad de más de 5,5 millones de unidades de material", todo ello referido a mascarillas, guantes, EPI´s, gafas, pantallas, geles hidro-alcohólicos etc.

Agenda 2030

Los compromisos que la Comunidad de Castilla y León ha suscrito en materia de desarrollo sostenible plasmados en los Objetivos de Desarrollo, encuentran en esta situación de crisis una nueva manera de ver el futuro del territorio, el consejero ha destacado aquellos objetivos que por su relevancia encuentran una adecuación precisa a la salida de la crisis, haciendo especial hincapié en la ‘buen gobernanza’ como guía para seguir trabajando por la gestión de esta pandemia. En este sentido, Ibáñez ha destacado que la Junta ya adopta estos criterios de buena gobernanza como se puede plasmar en el pacto de comunidad que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ofreció en las Cortes a todos los grupos políticos, para afrontar con éxito la recuperación económica, el empleo y la cohesión social. En este sentido, Ibáñez anunció “la voluntad de elevar a Acuerdo de Junta, los ejes de acción de este Gobierno, que en relación con la Agenda 2030 permitan superar la situación de crisis social y económica a la que nos enfrentamos”.

La comparecencia al completo, en el archivo adjunto.

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