El número de positivos es un dato preocupante para el sindicato, ya que el total de la plantilla del centro es de 124 funcionarios, lo que supone que están contaminados el 10% de los empleados públicos.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha aclarado hoy jueves que los funcionarios del centro penitenciario de Soria que resultado positivos por Covid-19 son 13 y no 12 como han afirmado en Instituciones Penitenciarias, y exige equipos de protección individual (EPIS) suficientes y adecuados, para evitar el contagio entre trabajadores e internos.
En la organización sindical han reseñado que todo empieza con los primeros cinco positivos confirmados de funcionarios con prueba de PCR, los días 20 y 21 de marzo. Luego, hasta el día uno de abril se suman otros cinco casos, el 17 de abril se confirma un nuevo caso y, finalmente, tras la realización de los test rápidos a toda la plantilla, se confirman otros dos casos, que hacen un total de 13 funcionarios confirmados con la enfermedad. Además, recuerda que uno de los funcionarios afectados falleció el día 21 de abril, tras casi un mes de ingreso hospitalario en la UCI.
A fecha de hoy, se han recuperado seis funcionarios que están en sus puestos de trabajo, y CSIF se pregunta qué control y seguimiento se ha llevado desde el centro, “para decir en una reciente nota de Instituciones Penitenciarias que tenemos 12 funcionarios positivos, cuando son 13 los casos”.
El número de positivos es un dato preocupante para el sindicato, ya que el total de la plantilla del centro es de 124 funcionarios, lo que supone el 10%. La de Soria es una de las prisiones de España con más casos confirmados, tras Brieva con 18 casos, Segovia con 15 o Picassent (Valencia) con 13. "Pero en este caso con una gran diferencia, y es que en Picassent hay en torno a los 1.000 trabajadores", han matizado.
También han denunciado la falta de material de protección durante las primeras semanas de la crisis sanitaria del Covid-19. "Somos los grandes olvidados del Ministerio del Interior, sobre todo por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y han ido tarde siempre, en cuanto a entregar equipos de protección individual (EPIS) a la plantilla", han criticado.
No es hasta el 31 de marzo cuando Instituciones Penitenciarias manda las primeras mascarillas, han relatado también. “Menos mal que el centro penitenciario, gracias a la dirección, Subdelegación y Delegación de la Junta han estado haciéndonos llegar las primeras mascarillas. Aunque su uso ha sido tarde. Incluso, en un inicio, no se dejaban poner las que traían los propios funcionarios porque creaban alarma entre los internos. Las que se han dado ha sido siempre bajo la premisa de que, desde administración, nos notifican que hay muy poco material de protección, especialmente mascarillas y guantes, y que tienen gran dificultad para adquirirlo”, han indicado en el sindicato independiente.
“La dirección de la prisión nos requiere que seamos responsables y que gastemos las mínimas mascarillas posibles. Lo que ha llevado a la SGIP a dar distintas versiones de su uso, desde que no se lleven (mejor distanciamiento y lavado de manos), a determinar llevarlas al menos durante tres días, y posteriormente durante al menos un ciclo de trabajo, y nunca sobrepasando un ciclo de trabajo. Y nos preguntamos, ¿36 horas de trabajo dura una mascarilla quirúrgica? Lo mismo podemos decir de los guantes de nitrilo, ¿cómo pueden durar una jornada de trabajo sin que se rompan o sean cambiados para comer?”, han cuestionado.
De igual modo, han insistido que en el caso de que hubiera habido un caso confirmado de un interno, no habríamos tenido -ni tenemos- suficientes EPIs como mascarilla FFP2, protección ocular antisalpicaduras, o batas resistentes a líquidos, que según la evaluación de riesgos del Servicio de Prevención son necesarios.
El personal funcionario, remarca CSIF, y a pesar de las bajas por motivos de Covid-19, ha cumplido con gran profesionalidad. Funcionarios del servicio en talleres (cerrados en ese momento), el cierre de un departamento, o la renuncia de los funcionarios a disfrutar de sus vacaciones, permisos y licencias, han favorecido que en los momentos más duros se hayan cubierto los servicios.
Dicho esfuerzo, por parte del funcionariado, “no se ve compensado por nuestros directivos, que no lo han sabido valorar. Funcionarios que, tirando de profesionalidad, años de experiencia o de mucha pedagogía, han conseguido hablar con los internos y hacerles ver cuál es la realidad de la situación, lo que ha llevado a que no hayamos tenido conflictos en la prisión, salvo alguna pelea entre internos resuelta sin problemas”.
CSIF también denuncia el esfuerzo “al que se ha visto sometido al único médico que tiene el centro, desde que en septiembre de 2019 se fuera la jefa de los Servicios Médicos. ¿No ha sido posible contratar un médico desde entonces, que dé un relevo al existente? Pregunta que viene a colación, por la mala situación por la que pasan los servicios médicos de las prisiones de España, donde el 50% de las plazas están sin cubrir, y un número muy importante están próximos a su jubilación”.