La Consejería de la Presidencia presenta las pautas para afrontar el retorno ordenado a la actividad ordinaria en la Administración de la Comunidad con plenas garantías para los empleados públicos y la prestación de los servicios esenciales
La Junta de Castilla y León prepara el reingreso a la actividad de la Administración a través de la publicación de una guía para los planes de desescalada de todas las Consejerías y entidades locales. En la mañana de hoy la guía se ha colgado en el portal de la Junta y se ha comunicado a la junta de Gobierno de la Federación Regional de Municipios y Provincias, siendo un documento de gran utilidad para su implementación en las entidades locales de la Comunidad, con plenas garantías para asegurar un proceso de retorno para todos los empleados públicos en base a los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias competentes, pudiendo modificarse en base a los criterios adoptados en la evolución de la pandemia.
Tal y como ha comentado el consejero, “esta guía complementa el trabajo que desde el inicio de la pandemia ha hecho la Junta en materia de organización y gestión de la Administración, fruto del Acuerdo 9/2020, de 11 de marzo, que se adelantaba al estado de alarma decretado por el Gobierno de España para salvaguardar la correcta prestación de los servicios públicos con garantías para nuestros empleados, y que ha servido de referente en la evolución de la pandemia en la Comunidad”.
En este sentido, la creación de esta guía ha evolucionado también de la mano de las organizaciones sindicales, quienes propusieron la elaboración de un documento de incorporación escalonada y han colaborado activamente en los grupos de seguimiento y de trabajo, haciendo aportaciones y observaciones al contenido a través del Comité Intercentros, las cuales han sido finalmente incorporadas en la guía.
Para la correcta implementación de las pautas que ofrece la guía en todas las Consejerías, se crea un grupo de trabajo Intercentros compuesto por representantes de todas las Consejerías, presidida por la Dirección General de Función Pública y con el apoyo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, las delegaciones territoriales contarán con un grupo de seguimiento a tal efecto.
El documento cuenta con una serie de criterios fundamentales para la definición de los planes específicos de desescalada en las Consejerías y las Delegaciones Territoriales, estos criterios tendrán en cuenta de forma general: la necesaria valoración de las funciones esenciales de cada área en la lucha contra la pandemia, el impacto social en la prestación de los servicios esenciales, contemplar la prioridad en la reincorporación presencial o no en función de las características del servicio y considerar la ampliación de medidas que faciliten la prestación de los servicios en atención a criterios de conciliación.
En relación a la actividad presencial, la guía destaca que se continuará manteniendo y contando con el personal mínimo imprescindible para el desempeño presencial de las tareas necesarias en todas las Consejerías y Delegaciones Territoriales en los supuestos que recoge el documento, tales como servicios que impliquen el traslado de personas, asistencia de recursos tecnológicos y de seguridad, funciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales, o asistencia jurídica, entre otros.
El documento recoge las pautas esenciales en materia de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter informativo, organizativo y preventivo, que son básicos para conocer las medidas de higiene, limpieza y prevención en cada supuesto, su correcta utilización y obligado cumplimento en cada caso. Asimismo, la guía contempla que durante el periodo de desescalada las modalidades de trabajo presencial y no presencial coexisten atendiendo a los planes de contingencia y continuidad marcados por cada centro, de tal forma que se atenderá a los servicios y profesionales indicados como esenciales y a la evolución de la crisis. En todo caso, como aseguraba el consejero, “cada circunstancia deberá revisarse a medida que avance la gestión de la crisis desde el punto de vista sanitario, vamos a ser muy cautos para que coexistan en perfecta armonía la situación a proteger y el servicio público a prestar, ya que es prioritario respetar la normativa laboral a favor de los derechos de los trabajadores, pero, sobre todo, atender a la seguridad y protección de nuestros empleados públicos que son más necesarios que nunca, como están demostrando día a día”.
Ibáñez, ha trasladado el contenido de la guía a la junta de gobierno de la Federación Regional de Municipios y Provincias, consciente de la idoneidad que estas pautas suponen en su aplicación en todos los organismos y entes públicos de la Comunidad, con especial atención a las entidades locales, que prestan servicios de cercanía esenciales en todo el territorio.
La Consejería de la Presidencia informa que este documento se adaptará conforme a las indicaciones que trasladen la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad así como la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Es importante destacar, que en su ámbito de aplicación se contempla exclusivamente la administración general, no siendo de aplicación debido a las especiales características de desempeño de funciones y organización del trabajo en la prestación de los servicios, al personal docente de Educación, profesionales sanitarios del Sistema Público de Salud, así como trabajadores socio sanitarios de Servicios Sociales.