Exigen test para todos profesionales y reforzar el control sobre mascarillas y EPIs "Hoy más que nunca hace falta un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas para que España supere la crisis en las mejores condiciones", afirman desde CSIF.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ultima una querella ante el Tribunal Supremo contra el Ministerio de Sanidad por la gestión de la crisis del COVID-19, a la que incorporará el alarmante incremento de contagios entre el personal de la sanidad, junto a la distribución de mascarillas no homologadas.
CSIF ya presentó una denuncia en el mes de febrero ante el TS porque Sanidad no atendió los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud para hacer acopio de material (mascarillas, EPIs test) con las fatales consecuencias que hemos comprobado. Los servicios jurídicos están ampliando esta acción judicial con una querella, recabando testimonios de personal que se ha visto afectado y la constante información que se sigue produciendo sobre la gestión de la crisis, como las mascarillas ‘fake’.
CSIF también ha reclamado que se declare enfermedad profesional a todos los efectos el contagio por COVID y ha presentado diferentes denuncias en tribunales de las comunidades autónomas, así como Inspección de Trabajo. A estas medidas se sumarán miles de reclamaciones a la Seguridad Social para que se incremente entre un 30 y un 50 por ciento las diferentes prestaciones para haberse contraído la infección por falta de material preventivo.
Otro de los datos que también preocupan a CSIF es el refuerzo insuficiente de las plantillas en la sanidad. Y es que, a la precariedad de material se suma la falta de efectivos. Según datos de la Seguridad Social conocidos hoy, durante el mes de abril se contrataron 23.328 personas en el sector de la Sanidad.
Esta cifra (a la que se sumarían otras 7.000 contrataciones en marzo) está muy lejos de las 50.000 anunciadas en su momento por el Gobierno y no compensa las miles de bajas por contagios y los 18.320 contratos que se perdieron en la sanidad durante enero y febrero.