La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la retirada, ordenada por la Junta, de otras 20.000 mascarillas FFP2 que no cumplen las garantías suficientes de protección ante el Covid-19, según un informe solicitado por la Gerencia Regional de Salud, elaborado por el Centro Nacional de Medidas de Protección, y recibido por los trabajadores sanitarios ayer viernes 8 de mayo. Se trata de mascarillas NK97 Subolun y Moloven, que se habían distribuido a través de las gerencias de Salud.
Lamentablemente, advierte CSIF, “no es la primera vez que se producen retiradas de mascarillas, que ya han sido utilizadas por los profesionales- Volvemos, una vez más, a dejar desprotegidos a nuestros profesionales, con unos materiales que no cumplen para la función que se han diseñado”.
Cuando parece que la llegada de los equipos de protección son una realidad, que se puede trabajar con un mínimo de seguridad, “los profesionales que están dando lo mejor de ellos, que no han dado ni un paso atrás en esta crisis, se ven otra vez, indefensos”.
“No importa si este material ha sido adquirido por Gerencia Regional de Salud de la Junta o por el Gobierno Central, ambos tienen la responsabilidad de cumplir y exigir que esos equipos cumplan los requisitos y estándares adecuados. Esa es la responsabilidad de la administración”, señala CSIF.
CSIF advierte de los sentimientos que estas situaciones generan en los trabajadores: inseguridad, miedo, sensación de que a los responsables políticos no les importan sus condiciones de trabajo. “No entendemos cómo se puede comprar un material y posteriormente analizarlo, para ver si cumple o no las condiciones requeridas; y, sobre todo, no entendemos cómo se puede distribuir dicho material sin haber comprobado si va a proteger a aquellos que están en primera línea, luchando contra el coronavirus”, afirma CSIF.
CSIF exige que, “de una vez por todas, no se escatime en la protección de nuestros sanitarios, que no se compre material de segunda, que se examine dicho material antes de distribuirlo. En definitiva, que no se ponga la vida de los profesionales en juego”.