Según ASAJA, se trata de pequeñas ganaderías en pueblos de menos de 2.500 habitantes que se regularizaron con carácter excepcional con la Ley 5/2005.
ASAJA ha pedido que el Gobierno regional presente a las Cortes de Castilla y León una modificación en la Ley 5/2005, por el que se establece un régimen excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas, ampliando las licencias de las ganaderías por un nuevo periodo igual al anterior, dieciséis años. El principal órgano consultivo y de interlocución con el sector, representado por las organizaciones profesionales agrarias, se celebraba este lunes por videoconferencia, presidido por el consejero de Agricultura Jesús Julio Carnero, y también ha participado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
En la organización profesional agraria (OPA) han explicado que la mencionada Ley, que se aplica en municipios de menos de 2.500 habitantes, surgió en su día a petición del sector ganadero y de los municipios con el fin de regularizar la situación de las pequeñas ganaderías de antes de 2003 que, por estar ubicadas en casco urbano o en las proximidades del mismo, se hallaban en una situación de 'alegalidad' al no cumplir con las normas medioambientales o las de planeamiento urbanístico municipal. "La Ley estableció un mecanismo de regularización introduciendo medidas correctoras, limitando también el tamaño de las ganaderías, y fijó un plazo máximo para su cierre de 16 años, por lo que en el caso de las primeras autorizadas finaliza en 2021" han detallado en ASAJA.
La OPA considera que la regularización fue un "gran acierto", ya que a día de hoy estas explotaciones "no son fuente de conflicto con los vecinos". Y aunque la mayoría han cerrado, todavía existen explotaciones en manos de sus titulares originarios o de sus descendientes en primer grado. "Cerrarlas el próximo año supondría un gran impacto económico y social", han indicado en ASAJA, donde por otro lado han calculado que la mayoría de estas explotaciones se encuentran en zonas periféricas de montaña, "donde hacer nuevas construcciones ganaderas es muchas veces inviable e incluso plantearía mayores problemas para cumplir una legislación urbanística o medioambiental muy exigente".
Por otra parte, la organización agraria ve que “este no es el momento económico para cerrar ganaderías, por el contrario es el momento de mantener todo lo que hay a la vez que se implementen medidas para tener un sector cada vez más moderno y competitivo”.
Respecto al otro asunto tratado en la reunión del Consejo Agrario, el Proyecto de Decreto por el que se designan zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos, ASAJA se ha manifestado en contra de la declaración de las zonas afectadas, ya que no comparte los criterios que se han tenido en cuenta "ni el peso que se le atribuye al sector agroganadero en esa contaminación". En este sentido han mostrado su desacuerdo con muchas de las medidas correctoras, las cuales "supondrán un freno a la productividad de las explotaciones a cambio de posibles mejoras medioambientales que resultan cuando menos dudosas, y apunta también a un claro oportunismo político para dar satisfacción a la presión que ejercen determinados grupos conservacionistas".