Los socialistas recuerdan al Ejecutivo regional que existen proyectos comprometidos que no están pendientes de resoluciones judiciales.
Por boca del procurador Ángel Hernández, y a preguntas de los periodistas, el PSOE ha hecho su primera valoración de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia al recurso de Asden sobre el PEMA. Unas declaraciones en las que ha recordado que existen proyectos anunciados y comprometidos por la Junta de Castilla y León, que, sin estar judicializados, no se han desarrollado "por decisiones políticas".
El aforado ha significado que "llevamos más de 15 años esperando el desarrollo de suelo industrial en la capital" por un convenio entre Ayutamiento y Junta y que tenía un importe de 30 millones de euros. A ello ha sumado otras iniciativas que no se han materializado porque "el propio PP no ha querido desarrollar". Se trata del Centro de Salud Soria Norte, la Escuela Oficial de Idiomas, la Residencia del CAEP, y el desdoblamiento de la CL_101. Una relación a la que ha sumado el Centro Forestal de Valonsadero, y "el incumplimiento del Fondo de Compensación Interterritorial de Soria y del Plan de Convergencia". Tampoco ha obviado abordar "el desmantelamiento de la sanidad soriana, con la paralización voluntaria de la segunda fase del Hospital Santa Bárbara durante años hasta la reanudación de las obras en la actualidad".
El procurado ha remarcado que la única responsabilidad en el retraso del proyecto de la "malograda" Ciudad del Medio Ambiente son del Partido Popular y la Junta, “por empecinarse en hacer una ley ad oc que el propio Tribunal Constitucional se encargó de tumbar. Cometieron una ilegalidad y a fecha de hoy los que no han asumido responsabilidades han sido los representantes del PP. Ni una triste dimisión de miembros del PP o de algunos, ahora en otros partidos, que defendieron una flagrante ilegalidad”.
Los socialistas han recordado que el 14 de marzo de 2007, por la vía de urgencia, en lectura única y por una modificación legal aprobada en diciembre de 2006, el Partido Popular aprobó una Ley para imponer la Ciudad del Medio Ambiente en terreno protegido en el último Pleno de las Cortes de la legislatura 2004-2007. En su contra se manifiestan asociaciones ecologistas, movimientos ciudadanos, colectivos sociales y profesionales, etc., incluido el PSOE (contrario a la ubicación elegida), que presenta un Recurso contra esta Ley en el Tribunal Constitucional, avalado por 50 diputados y senadores, admitido a trámite el 16 de septiembre de 2007 y que se resolvió "tumbando el proyecto" el 10 de diciembre de 2013. "Previamente la propia Junta de Castilla y León ya había paralizado no solo este proyecto, sino también por ejemplo la segunda fase del Hospital de Soria".
Hernández ha asegurado además que el proyecto "envolvía un pelotazo urbanístico con 300 chalets, campos de golf, aparcamientos para más de 1.000 vehículos, etc".
Tras la transformación del proyecto, "la postura socialista ha sido que, tras denunciar el despilfarro de 100 millones de euros enterrados en el Soto de Garray, la Junta diga qué quiere hacer con las instalaciones creadas y ponga sobre la mesa esas empresas que tenía en cartera, aclare si se van a instalar o no en la provincia, y continúe con el resto de proyectos comprometidos en otras ubicaciones", ha concluido Hernández.