La responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los protocolos del Covid-19, durante la estación estival, no debe recaer solo en los alcaldes, sobre todo en los municipios más pequeños, que en verano ven multiplicada su población.
De los 8.124 municipios que hay en España, 4.979 tienen menos de 1.000 empadronados, de ellos, 3.972 subsisten con menos de 500, y más de 1.300 tienen menos de 100 habitantes. En la provincia de Soria, más de 500 núcleos de población se agrupan en 183 municipios y, de estos, más de la mitad son localidades de menos de cien habitantes, que ven como en verano su población se duplica o triplica con facilidad.
El diputado popular por Soria Tomás Cabezón, y los senadores María José Heredia y Gerardo Martínez, han planteado que el hecho de que el Gobierno se desentienda de la gestión de la vuelta a la "nueva normalidad", supone para muchos alcaldes de los pequeños pueblos "una encerrona", a las puertas del verano y de una fase que en pocos días permitirá desplazamientos interprovinciales.
Aseguran que son muchos los alcaldes que les han trasladado su preocupación por el efecto que puede tener el proceso de desescalada durante la temporada estival, y las responsabilidades que para ellos pudieran derivar. "Quien gobierna gestiona, quien gestiona toma decisiones y quien decide responde", comentan los parlamentarios.
Muchos alcaldes están preocupados por lo que pueda ocurrir durante este verano en sus pueblos, a los que tradicionalmente, como es de todos conocido, acuden personas que residen fuera para pasar unos días de vacaciones con sus familias y amigos, llegando a triplicar el número de sus habitantes. Durante estos meses de verano se incrementa la afluencia a establecimientos hosteleros. Incluso se abren establecimientos "ocasionales", gestionados por los propios vecinos a través de asociaciones, creadas para dinamizar la vida de sus pueblos durante la estación estival.
Es normal que jóvenes y adolescentes abran también locales tradicionales donde acostumbran a reunirse en grupo, señalan. Incluso, fuera de estos espacios, hay parajes al aire libre donde es costumbre la reunión de grupos de personas. Son todas ellas actividades que, por su propia finalidad, pueden implicar una pérdida de las medidas recomendadas de distanciamiento social y un relajamiento en la adopción de otras medidas de precaución, apuntan los parlamentarios populares.
La dificultad que conlleva velar por el correcto cumplimiento de las medidas de sanidad y seguridad a que obligan los protocolos del Covid-19, en relación con todas las modalidades de centros o posibilidades de reunión social que aparecen en los pueblos durante los meses de verano, obliga a que esta responsabilidad no recaiga únicamente en los alcaldes, consideran.
Por eso, los parlamentarios sorianos han pedido al Gobierno que no deje solos a los alcaldes, y que refuerce la presencia de efectivos de la Guardia Civil durante los meses de junio a octubre. Con anterioridad, se había pedido el incremento de efectivos en los cuarteles rurales de la provincia de Soria, tanto para garantizar la seguridad de los vecinos, empresas y explotaciones agrarias, como para contribuir a asentar población en el medio rural. Ahora piden este refuerzo en la estación estival para descargar a los alcaldes de posibles conflictos y responsabilidades.