Artículo de opinión de Eder García, Soriano comprometido.
Era uno de los puntos estrella del acuerdo firmado por PSOE y Podemos para la formación de Gobierno de coalición. Hace décadas se abrió el debate en la mayor parte de países que consideramos avanzados sobre la necesidad de establecer una prestación como el Ingreso Mínimo Vital (IMV). También en España ha sido un derecho defendido por muchos desde hace tiempo.
Aquí está la clave que da sentido a esta y al resto de las prestaciones sociales: entenderlas como derechos de ciudadanía. El Estado debe asegurar un mínimo de dignidad y bienestar para las personas que vivimos en este país. No podemos tener convecinos cuya principal preocupación en el día a día sea si tendrán algo que dar de comer a su familia la próxima semana. Toda persona tiene derecho a desarrollar un mínimo proyecto de vida y no verse limitado a la mera supervivencia.
Esta es, además, una prestación que vuelve por completo a la economía real. Con el IMV se pagan alquileres, se compran alimentos básicos y se pagan impuestos como el IVA. Es una prestación compatible con el empleo por cierto tiempo, lo que contribuye a que las personas no se vean abocadas a la economía sumergida o la precarización extrema si encuentran un trabajo temporal.
Con la incorporación del IMV a la cartera de derechos sociales en nuestro país ayudamos a mejorar la situación de cientos de miles de personas vulnerables. Estas cosas son las que deben hacernos sentir orgullosos de ser españoles.