La Consejería de Familia informa sobre reparto de 20 millones de euros en las medias previstas por el Ejecutivo regional- Una inversión que servirá para hacer frente al incremento de gasto originado por la pandemia del coronavirus y que se centrará en reforzar la atención que se presta en las residencias de la Comunidad, además de potenciar los servicios de proximidad como la teleasistencia y la ayuda a domicilio. Asimismo, se pretende incidir en las ayudas destinadas a las familias, a los menores y a las personas sin hogar.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se ha reunido esta tarde con los representantes de los Servicios Sociales de los nueve ayuntamientos capital de provincia, las nueve diputaciones provinciales y los seis municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla y León (Aranda de Duero y Miranda de Ebro en Burgos, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo en León y Laguna de Duero y Medina del Campo en Valladolid) para comunicar el reparto de los 20 millones de euros correspondientes al segundo Fondo Extraordinario aprobado por la Junta de Castilla y León, para hacer frente al aumento del gasto originado por el COVID-19 en la prestación de los servicios sociales.
Blanco ha mostrado en este encuentro su intención de suscribir cuanto antes con las entidades locales los convenios de colaboración necesarios para llevar a cabo la inversión de este fondo extraordinario no consolidable. Asimismo, ha recordado que a la hora de establecer el reparto de estos 20 millones de euros se mantienen los mismos criterios que los aplicados en el reparto del primer Fondo Extraordinario COVID-19. Con esta inversión se pretende compensar los gastos originados por la pandemia en los centros residenciales, el cierre de comedores escolares, centros de día y centros ocupacionales, así como reforzar los servicios de proximidad para garantizar los cuidados, el apoyo, la seguridad y la alimentación sobre todo los dirigidos a personas con discapacidad o en situación de dependencia, mayores y colectivos vulnerables como es el caso de las víctimas de violencia de género. Para establecer el reparto de dicho fondo se han tenido en cuenta distintos parámetros como el número de plazas residenciales. Asimismo, con el fin de conocer las necesidades reales se han solicitado los informes pertinentes a las entidades beneficiarias con la distribución del gasto generado, ya que los ayuntamientos y diputaciones que reciban estas ayudas deberán justificar el destino de las mismas antes de que finalice 2020.
El fondo
El segundo Fondo Extraordinario COVID-19 incluye las siguientes inversiones:
Gastos excepcionales generados con criterios objetivos en atención residencial de atención a personas mayores: se destina una partida de siete millones de euros (el 35% de la cantidad total del fondo extraordinario) para atender las necesidades generadas en las residencias que han sido los centros con mayor afectación por coronavirus durante la pandemia. A este fin se establece el refuerzo de las plantillas de personal de las residencias a través de contrataciones o sustituciones, la adquisición de Equipos de Protección Individual (EPIS) para los empleados y usuarios, la aplicación de medidas de desinfección de las instalaciones así como la mejora de la seguridad a través de la sectorización de los espacios para evitar la propagación del COVID-19 entre otros aspectos. Todo ello supone una clara apuesta por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por garantizar la atención y los cuidados de los mayores.
Ayudas a la exclusión social y de emergencia así como las que se destinan también a las personas sin hogar, alimentación infantil, programas de atención a necesidades básicas y apoyo a las víctimas de la violencia de género: para ello se incluye una inversión de siete millones de euros (lo que supone el 35% de la cantidad total) con el objetivo de atender a los colectivos que más lo necesitan en situación de especial vulnerabilidad. Para ello, se amplía la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, con el objetivo de asegurar sus necesidades. Además para atender las necesidades básicas de alimentación o sufragar la adquisición de productos de primera necesidad se establece un sistema de tarjetas monedero recargables.
Personal de equipos de Acción Social Básica: se destina una partida de tres millones de euros para reforzar las plantillas con el objetivo de agilizar los expedientes de atención a situaciones de dependencia y de necesidades básicas agudizadas por la situación ocasionada por la pandemia.
Refuerzo de los servicios de proximidad como la ayuda a domicilio, la teleasistencia o las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral incluidos los programas Conciliamos y Crecemos para lo que se invierten tres millones de euros. Una partida que servirá para reforzar las medidas de conciliación a las familias que cuenten con bajos ingresos y necesiten acudir a su centro de trabajo o salir de su domicilio por razones justificadas y/o urgentes. Asimismo, se pretende incrementar y potenciar la ayuda a domicilio y el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia, así como trasladar a los hogares los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional e higiene entre otros.