Los parlamentarios sorianos del Partido Popular denuncian la maniobra del Gobierno en la Federación Españla de Municipios y Provincias (FEMP) para apropiarse de los ahorros municipales, y piden a los alcaldes socialistas de la provincia que exijan su paralización. Solo el PSOE, con el voto de calidad del presidente de la FEMP, el también socialista Abel Caballero, han votado a favor de la propuesta del Ministerio de Hacienda para poder usar los ahorros municipales, que los ayuntamientos tienen por unas buenas gestiones.
Los parlamentarios sorianos del Partido Popular denuncian la maniobra del Gobierno en la FEMP para apropiarse de los ahorros municipales y piden a los alcaldes socialistas de la provincia que exijan su paralización. Solo el PSOE, con el voto de calidad del presidente de la FEMP, el también socialista Abel Caballero, han votado a favor de la propuesta del Ministerio de Hacienda para apropiarse de los ahorros municipales. Los parlamentarios populares lamentan que los socialistas hayan roto el consenso que caracterizaba las resoluciones de la FEMP desde hace décadas.
Los alcaldes y presidentes de Diputación del Partido Popular han votado esta mañana en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en contra del documento propuesto por el Ministerio de Hacienda en relación a los ahorros municipales. Los socialistas han roto el consenso que caracterizaba las resoluciones de la FEMP desde hace décadas y solo los socialistas, con el voto de calidad del presidente de la FEMP, el también socialista Abel Caballero, han votado a favor de un documento que da vía libre a la maniobra del Ejecutivo de Sánchez para apropiarse de los ahorros municipales, y que margina a los ayuntamientos que no cuentan con remanentes. A los doce votos a favor del PSOE se han opuesto los doce votos en contra de PP, Cs, Junts, y la abstención de IU.
Tomás Cabezón, María José Heredia y Gerardo Martínez han afirmado que el Partido Popular no está dispuesto a aceptar el chantaje que supone entregar 15.000 millones de euros de todos los vecinos para que el Gobierno los utilice en “su agenda política” durante los próximos años, mientras que las entidades locales se ven privadas de dichos fondos y, por tanto, no podrán atender las necesidades de sus vecinos. "Nuestro Partido hará todo lo que esté en su mano para evitar este despropósito y mantener la igualdad de los ayuntamientos ", afirman.
La maniobra del Gobierno para confiscar los ahorros de las entidades locales castiga a los ayuntamientos de Soria, que han hecho sus deberes, y perjudica directamente a los ciudadanos, puesto que son las entidades locales quienes desempeñan un papel fundamental en la prestación de servicios sociales, debido sobre todo a su proximidad con el ciudadano.
Para los parlamentarios sorianos este documento es “decepcionante e insatisfactorio y por ello merece nuestro rechazo y desaprobación”, Y la prueba de que se trata de un mal acuerdo, han añadido, es que “todos los grupos políticos han optado por rechazarlo, votando en contra o absteniéndose y aislando al PSOE en su decisión de seguir adelante con este expolio a los Ayuntamientos y Diputaciones. Nos consta el descontento de muchos alcaldes socialistas sorianos y les pedimos que exijan la retirada de esta propuesta”.
El Partido Popular rechaza la propuesta del Gobierno porque excluye al mundo rural y no responde a las necesidades y peticiones de más de tres mil entidades locales que ha cerrado 2019 con deuda o no han tenido Remanente de Tesorería positivo (RTGG) y destruye la autonomía local reconocida en la Constitución.
Las entidades locales solicitaron, por unanimidad, al Gobierno de España poder utilizar el 100% de su remanente de tesorería para gastos generales como recurso imprescindible para las entidades locales, flexibilizar la regla de gasto, un fondo de 5.000 millones de euros incondicionado para todas las entidades locales, con atención especial a aquéllas que no dispusieran de Remanente de Tesorería o consideradas en situación de riesgo financiero, otro fondo de fondo para el sostenimiento del transporte público urbano colectivo, y un tercer fondo para la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
El Gobierno ofrece un acuerdo en que el que habilita un fondo de 5.000 millones de euros a ingresar a los ayuntamientos entre 2020 y 2021- totalmente condicionado puesto que dicho fondo solamente se repartirá entre las entidades locales que entreguen al Gobierno la totalidad de sus RTGG a 31/12/2019 (minorado por los saldos de las cuentas de acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto y por devoluciones de ingresos indebidos acumulado a 31 de diciembre de 2019, por el importe de las modificaciones de crédito aprobadas con anterioridad y por el que se estime que se destinará a inversiones financieramente sostenibles) durante 12 años, desde 2020 al 2032.
Este acuerdo implica que los ayuntamientos no podrán gastar este año su remanente puesto que estará en manos del Gobierno, que empezará a devolverlo a partir del año 2022. Excluye a 3.508 entidades locales que según datos del Ministerio de Hacienda a 31/12/2019 tienen deuda y a todas aquellas que tengan un Remanente de Tesorería negativo. Esto es así porque según la propuesta presentada, el Gobierno repartirá los 5.000 millones de euros única y exclusivamente entre las entidades locales que se adhieran al acuerdo, y solo podrán adherirse aquellas que tengan remanentes positivos y aquellas con deuda primero deberán amortizar la misma y, tras la amortización, pueden quedarse sin RTGG, es decir, excluidas del fondo.
La propuesta de Gobierno excluye al mundo rural y vulnera la autonomía local consagrada en el artículo 137 Constitución puesto que el acuerdo obliga a los ayuntamientos a gastar el dinero recibido (tanto el dinero del fondo de 5.000 millones de euros como las amortizaciones del préstamo) en una lista de actuaciones definidas por el gobierno. Es decir, este acuerdo obliga a las entidades locales (incluso a aquellas que no tienen deuda y cuentan con superávits elevados, que no están sujetas a las obligaciones de la LOEPSF y por tanto pueden disponer de su superávit libremente a atender las necesidades de sus vecinos) a usar el dinero de sus vecinos para implantar la agenda política del Gobierno, y no les permite aplicarlo a las actuaciones que los ayuntamientos consideran más necesarias para los vecinos. "Entre las actuaciones permitidas por el Gobierno no se encuentra ninguna relativa al fomento del empleo o al apoyo a autónomos empresas y comercios", recuerdan los parlamentarios sorianos.
"Con independencia de las consecuencias económicas que este acuerdo tiene para los ayuntamientos, y que son muy graves, hay que destacar también que los socialistas han roto el consenso que caracterizaba las resoluciones de la FEMP desde hace décadas, una institución que representa al mundo local con más de ocho mil ayuntamientos, diputaciones, cabildos, consells insulares, etc. No es casualidad. Una vez más el Gobierno Sánchez - Iglesias ha entendido que las instituciones están a su servicio y no al servicio de los españoles, y las coloniza y desprestigia. Ha pasado con el CIS, RTVE, Fiscalía del Estado, y ahora la FEMP", afirman los parlamentarios populares.