Este plan de choque articulará incentivos para favorecer el retorno a la actividad de trabajadores en ERTE y garantizar su seguridad, así como apoyos a colectivos más vulnerables al desempleo.
La consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, ha comparecido esta tarde en la sede de las Cortes de Castilla y León para detallar las medidas que llevará a cabo su departamento en lo que resta de la X Legislatura autonómica. El programa de gobierno está condicionado por el impacto de la crisis de la covid-19.
El 'Plan25' está pensado para proteger el tejido productivo y el empleo. Tiene su origen en el punto número 25 del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social, suscrito el 17 de junio. Este documento servirá de hoja de ruta para las iniciativas en materia laboral que se lleven a cabo en los próximos meses.
Este plan se articula en tres líneas, enfocadas en impulsar la recuperación productiva y la dinamización del mercado de trabajo.
El objetivo de la primera línea es reanudar la actividad, y para ello, se establecerán ayudas a las empresas para financiar las cotizaciones de empleados que salgan de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs).
En la segunda línea sefijarán una serie de incentivos para proteger a las personas afectadas por los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) y especialmente vulnerables en un contexto previsible de destrucción de puestos de trabajo.
El tercer eje se centra en garantizar la seguridad y protección de la salud en los puestos de trabajo y por ello, se prevén ayudas para la prevención de riesgos y medidas formativas, de control e inspección.
Por otro lado, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) incorporará a un centenar de prospectores con el reto de identificar las necesidades emergentes de las empresas y conectarlas con las personas que buscan trabajo. Esta tarea se desarrollará de forma coordinada con el servicio de orientación y , según la Junta de Castilla y León, es esencial para combatir el paro y generar el mayor número de oportunidades. También se creará un grupo de trabajo específico para favorecer el reclutamiento de personal en labores del campo.
Se mantendrán los estímulos a la contratación, con atención particular al medio rural. En este apartado, cabe mencionar el Fondo Extraordinario COVID-19, dotado con 20 millones de euros, para generar alrededor de 2.000 puestos de trabajo de la mano de las corporaciones locales y del Diálogo Social, y la Estrategia de Empleo Rural y Local, con un presupuesto de 55 millones, que al finalizar su ejecución en este ejercicio habrá contribuido a la ocupación de más de 6.000 personas.
Asimismo, el Ecyl está estudiando medidas de apoyo a la contratación temporal para empresas y autónomos que necesiten sustituir a trabajadores de baja por contagio o en cuarentena, evitando así que deban interrumpir su producción.
También se habilitarán 25 millones de euros con fondos autónomos para garantizar la cualificación de desempleados y ocupados. A ello hay que añadir el refuerzo hasta los dos millones de euros del programa de formación en competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital de la economía.
La recta final de este ejercicio estará marcada por el diálogo para elaborar una nueva Estrategia Integrada de Empleo –y los planes anuales que se derivan de la misma–, que aglutinará medidas enfocadas fundamentalmente a mantener el mayor número de puestos de trabajo posibles y a recualificar a los trabajadores para que puedan encontrar un mejor encaje en el modelo productivo que se está configurando ya.
En el diseño de las próximas políticas activas de empleo jugará un papel clave el Diálogo Social, que emprende una nueva etapa más aperturista. El departamento que dirige Carlota Amigo concibe este instrumento como un espacio de encuentro y participación de todos cuantos tienen capacidad y voluntad de trabajar por Castilla y León, y defiende que su fortaleza y su utilidad residen en su disposición a adaptarse a una realidad económica y social en continuo cambio.
Por este motivo, el Diálogo Social de la presente legislatura estará caracterizado por la participación activa de nuevos interlocutores, la redefinición de las materias objeto de debate y acuerdo, y un mayor seguimiento de ejecución, evaluación del cumplimiento y publicidad de los pactos alcanzados. Entre estos agentes llamados a aportar su visión de la Comunidad se encuentran los autónomos.
La promoción del autoempleo continuará siendo una prioridad en esta legislatura y se centrará en sectores estratégicos. Se articularán apoyos para ‘startups’ y negocios tecnológicos e innovadores que impliquen una oportunidad para los jóvenes.
También se reforzarán las iniciativas en favor de las mujeres emprendedoras en el medio rural y se promoverán proyectos que faciliten a los trabajadores por cuenta propia su adaptación a un modelo económico más digitalizado. Relacionado con esto, se pondrá en marcha una línea de ayudas para impulsar el teletrabajo entre los autónomos que se implanten en Castilla y León, aprovechando la calidad de vida asociada a este territorio como reclamo para captar talento.
En el ámbito de la economía social, se mantendrán los apoyos a las personas con discapacidad para favorecer su inserción, tanto a través de los Centros Especiales de Empleo como en las empresas ordinarias. Y continuará el respaldo a las cooperativas, con nuevos incentivos a sus inversiones en digitalización y energías verdes.
Otra de las novedades en la gestión de materias laborales será la activación, en el último trimestre de este año, del Plan de Mejora de los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de las Oficinas Territoriales de Trabajo. Incluirá la creación de un portal web para ampliar la tramitación telemática a todos los procedimientos, acortar los tiempos y agilizar la resolución de expedientes en los casos en los que no sea posible el acuerdo entre empresarios y trabajadores.
En lo que respecta a la política industrial, una de las tareas más urgentes será la definición de un nuevo Plan Director de Promoción Industrial, con medidas para el crecimiento y el refuerzo de la competitividad de este sector. Se trata de seguir avanzando en el liderazgo industrial de manera que las ramas manufactureras alcancen un peso equivalente al 20 % del Valor Añadido Bruto (VAB) de Castilla y León, cumpliendo así un objetivo que la desaceleración económica, primero, y ahora la recesión, han impedido alcanzar. Las recetas para llegar a esta meta pasan por promover una mayor digitalización del tejido productivo y favorecer la inversión en I+D+i, tanto pública como privada.
La apuesta por la automoción, como sector estratégico, se concretará, entre otros proyectos, en la Estrategia Regional de Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León, que verá la luz antes de finalizar el año. El documento plantea el objetivo de conseguir situar a la Comunidad como región de referencia tecnológica en el campo de las energías alternativas en tres vertientes: vehículos, componentes e infraestructura de recarga y / o suministro.
Junto a esto, los esfuerzos se centrarán en potenciar la ciberseguridad y la bioeconomía, favoreciendo la generación de conocimiento y el desarrollo de soluciones para su incorporación al mercado, así como la creación de nuevos negocios en torno a estas materias.
La declaración de Proyecto Industrial Prioritario seguirá siendo el instrumento administrativo de referencia para contribuir al éxito de iniciativas empresariales que generen riqueza y empleo. Y se aprobarán nuevos Programas Territoriales de Fomento para reindustrializar las zonas más deprimidas.
Las políticas para la promoción del comercio se articularán en una nueva Estrategia de Modernización, Innovación y Digitalización, marcada por el impacto que la pandemia ha tenido en el sector. Así, se trabajará en intensificar la implantación de nuevas tecnologías; en la promoción del comercio sostenible a través de un reconocimiento para establecimientos que apuesten por la eficiencia energética, por sistemas de reciclaje o por la economía circular, y en la formación de los profesionales.
Pero, además, este plan pretende potenciar el comercio de proximidad como factor de progreso y herramienta para la revitalización de ciudades y pueblos. Por ello, se abordará el cambio normativo necesario que permita la creación de áreas territoriales de promoción económica, donde la iniciativa pública y la privada colaboren en beneficio tanto de la dinamización de los núcleos urbanos y rurales, como de la reactivación del pequeño comercio. En esta tarea intervendrá la Red de Agentes de Comercio Interior (RACI), que se ampliará con nuevos agentes e instituciones.
Por otro lado, la Consejería de Empleo e Industria presentará un Plan de Fomento de la Artesanía, que incidirá en fomentar un modelo de negocio más digitalizado, que amplíe los canales de venta de la producción artesanal. Y reorientará la tradicional Pasarela de la Moda para convertirla en 2021 en una plataforma digital permanente, que sirva de escaparate de promoción de las empresas y diseñadores de la Comunidad.
Para finalizar, en lo que respecta al ámbito del consumo, se avanzará en el funcionamiento telemático de la Junta Arbitral, un sistema recientemente renovado siguiendo las directrices sanitarias para atender mejor las necesidades y garantizar los derechos de los consumidores.