A preguntas de los parlamentarios sorianos del PP, el Gobierno de España ha respondido que el centro penitenciario aún no se ha recepcionado por lo que todavía no está bajo la competencia de la administración penitenciaria. No está prevista su puesta en funcionamiento ni se han desarrollado las previsiones relacionadas con el número de internos, relación de puestos de trabajo de trabajadores ni los medios materiales de que dispondrá. Más de 100 millones de inversión y más de 10 años de espera. El centro está terminado pero lleva años parado y ninguna de las numerosas previsiones desde Madrid se ha cumplido.
Los parlamentarios nacionales del Partido Popular Tomás Cabezón, Gerardo Martínez y María José Heredia, mantuvieron un encuentro con representantes sindicales de ACAIP y CSIF para conocer sus inquietudes, tanto referidas al funcionamiento del actual centro penitenciario como a la puesta en funcionamiento del nuevo, y se comprometieron a llevar sus peticiones al Gobierno a través de una batería de preguntas e iniciativas parlamentarias.
Las respuestas obtenidas no han sido todo lo clarificadoras que hubiera gustado, aún así hay importantes sorpresas, señalan desde el PP. Respecto al nuevo centro penitenciario se preguntó sobre fecha prevista para la apertura, si se va a abrir en su totalidad o por módulos, número de módulos de apertura, tiempo previsto para la apertura completa, número de internos con los que se abriría el centro, relación de puestos de trabajo con la que se va a abrir el centro penitenciario de Soria, categoría que iba a mantener, etc. Muchas preguntas que solo obtuvieron una sorprendente respuesta: "el centro penitenciario aún no se ha recepcionado por lo que todavía no está bajo la competencia de la administración penitenciaria. Por lo tanto, no está prevista su concreta puesta en funcionamiento ni se han desarrollado las posibles previsiones relacionadas con el número de internos, el personal funcionario (RPT), así como los medios materiales de que se dispondrá".
Esta respuesta plantea nuevas dudas, como, por ejemplo, los anuncios del Ministro Fernando Grande Marlaska y de la anterior Delegada de Gobierno, Virginia Barcones, avanzando fechas de apertura, como la de que el centro abriría antes de finalizar 2019, que obviamente se han incumplido. Barcones llegó a dar incluso detalles de la apertura, como cuando afirmó que se abriría con cuatro de los ocho módulos construidos.
"Ahora sabemos que ninguna de esas previsiones era cierta puesto que el Gobierno ha afirmado que el centro no está bajo la competencia de la administración penitenciaria y que no está prevista su puesta en funcionamiento" afirman los parlamentarios.
Por esa misma razón el Gobierno no contestó a otras inquietudes de los trabajadores, como si la dotación de personal fijada en la relación de puestos de trabajo iba a estar cubierta al cien por cien, si el Ministerio garantiza que el centro penitenciario de Soria seguirá clasificado entre los de categoría 1.1, o si va a disponer de un medio de transporte exclusivo para el centro y adecuado a los horarios de los trabajadores.
Hay que tener en cuenta que la construcción por parte del Gobierno del PSOE de centros penitenciarios de gran capacidad (Murcia II, Zaballa, Canarias, Castellón, entre otros) vino a coincidir con una importante reducción de personal recluso. Esta reducción de población reclusa no obedece a un descenso en el número de delitos sino a cambios legislativos, flexibilidad en el cumplimiento de las penas con condenas alternativas a la pena de prisión, y principalmente la reforma del Código Penal de 2010 que introdujo la reducción de penas para el tráfico de drogas, un tipo de delitos que incorporaba gran número de reclusos a las prisiones. En esta década la población reclusa a nivel nacional ha caído en un 33,5%. En Castilla y León este descenso se sitúa en un 47%.
Se preguntó al Gobierno por el problema de las diferencias salariales de los funcionarios de prisiones de Castilla y León con funcionarios de otras comunidades autónomas, diferencias que oscilan desde un mínimo de 1.600 euros al año hasta los 25.000 euros año. Se preguntó si de cara a la aprobación de los próximos presupuestos para el año 2021 el Ministerio de Interior contemplaba la equiparación salarial de los funcionarios de prisiones con las retribuciones funcionarios de prisiones de Cataluña. También si el Ministerio aprobaría que los actuales puestos C1 pasen al grupo B, si se produciría la recuperación del 100% de las pagas extraordinarias perdidas en 2010 o si el Ministerio aprobaría la subida de dos niveles en todos los puestos de trabajo.
En su respuesta el Ministerio informa que "entre los funcionarios de instituciones penitenciarias dependientes de la Administración General del Estado (AGE) no existen diferencias retributivas sea cual sea la Comunidad Autónoma en la que trabajan con la excepción de algún tipo de complementos que, desde años, abonan la insularidad o el hecho de trabajar en las Ciudades Autónomas de Ceuta o Melilla". Una respuesta diplomática con la que se obvia contestar sobre las grandes diferencias que existen, por ejemplo, con los funcionarios de Cataluña dependientes de la Generalitat.
Sobre el resto de materias indica que "En cuanto a la posibilidad de que los actuales puestos C1 pasen al grupo B, legalmente no es posible sin el cumplimiento de otros requisitos. En este sentido, no cabe el trasvase del C1 a Grupo B pues existen otro tipo de exigencias como la necesaria titulación. Este tipo de trasvases entre grupos no pueden realizarse de manera indiscriminada, requieren de procesos de promoción interna similares al concurso oposición. Por otra parte, y en cuanto a la posible subida de dos niveles, no cabe hablar de subidas generalizadas sin estudiar caso por caso ya que esto afecta, en cadena, a la relación de puestos de trabajo y a la carrera administrativa. Por último, y en lo relativo al pago de las pagas extraordinarias perdidas en el año 2010, se trata de cuestiones que se abordan en las mesas de negociación entre la AGEE y los sindicatos".
También se trasladó al Gobierno los problemas planteados respecto al actual centro penitenciario referidos a cobertura de vacantes, jubilaciones, perfil de los internos que vienen a cumplir condena al centro, trabajo en los talleres productivos, etc.
Respecto a la petición de los parlamentarios del Partido Popular para que se instale en Soria la Escuela de Estudios Penitenciarios, el Gobierno ha contestado que "en la actualidad no están diseñadas ni sus características arquitectónicas ni su ubicación" por lo que desde el Partido Popular pedirán a los socialistas sorianos que se impliquen y exijan que esta escuela se instale en Soria.