En la reunión de Comisiones de Diputaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, celebrada en la jornada de ayer, el presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano, ha lamentado la insistencia del PSOE de volver a plantear que sean los ayuntamientos y las diputaciones las que financien al Gobierno de Pedro Sánchez, exigiendo una nueva negociación mucho más justa.
Benito Serrano ha compartido la posición del vicepresidente de la Comisión de Diputaciones de la FEMP, Javier Aureliano García, quién ha reclamado que la negociación para alumbrar un nuevo Real Decreto “refleje la pluralidad política municipal y provincial para, mediante el diálogo, alcanzar soluciones para nuestros vecinos”.
Serrano ha expresado su malestar por la politización que el Psoe está realizando de un órgano de consenso como es la FEMP y ha compartido su preocupación con el presidente de la Diputación de Almería, ante la deriva del PSOE en la Federación que “ha vuelto a demostrar que antepone los intereses partidistas, alineándose con las pretensiones del Gobierno de Sánchez, a la defensa de los intereses municipales”.
Las Diputaciones del PP, junto con las de Ciudadanos, JxCat y ERC han defendido que las ayudas extraordinarias que reciban del Gobierno deben de ser incondicionadas y no ligadas a la entrega de remanentes cómo ha defendido en solitario el PSOE
Benito Serrano ha lamentado que el PSOE en la Federación haya vuelto a quedarse sólo en su lamentable insistencia de que sean los municipios y provincias las que financien al Gobierno de Sánchez. Así ha ocurrido, cuando el presidente de la Comisión de Diputaciones, Francisco Reyes, ha provocado que se votara si las ayudas que deben recibir las Entidades Locales para paliar las consecuencias de la pandemia deben ir ligadas o no a la entrega de los remanentes municipales. Tanto el PP, como Ciudadanos, ERC y JxCat se han posicionado en contra de que se condicionen los fondos extraordinarios, mientras que el PSOE se ha quedado sólo en una defensa que demuestra que priman los intereses partidistas por encima de los de los españoles.
El vicepresidente de la Comisión y también presidente de la Diputación de Almería afirma que la “cacicada” ejecutada por Reyes al votar dichas propuestas, en lugar de instar a que el Gobierno abra una mesa de diálogo con la Federación, ha evidenciado que “todas las fuerzas políticas defendemos que el Estado financie a Ayuntamientos y Diputaciones y no al contrario como pretende el Ejecutivo de Sánchez”.
Por ello, ha expresado su preocupación ante la deriva del PSOE en la Federación que “ha vuelto a demostrar hoy que antepone los intereses partidistas, alineándose con las pretensiones de Sánchez, a la defensa de los intereses municipales”. En este punto, ha reivindicado, que el Ministerio de Hacienda arbitre un sistema de ayudas para todas las Entidades Locales que les permita hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del Covid-19.
Unas ayudas que, según han defendido todas las Diputaciones gobernadas por el PP, “deben prestar especial atención al fondo incondicionado de 5000 millones de euros y al de 1000 millones destinado específicamente a rescatar a las concesiones de transporte urbano”. A juicio de los populares, “este fondo estatal incondicionado de 5000 millones de euros deberá incluir criterios de reparto que contemplen las necesidades del mundo rural, como la despoblación, el envejecimiento de la población o las necesidades de conectividad de las personas que viven en los pueblos de España”.
Asimismo, el vicepresidente de la Comisión de Diputaciones ha exigido que la negociación que lleve a cabo Hacienda “deberá reflejar la pluralidad política municipal y ser más ambiciosa de lo que, hasta la fecha, ha reclamado el PSOE en la FEMP”, al tiempo que ha apelado al “diálogo y la negociación para alcanzar soluciones para nuestros vecinos”.
En este sentido Benito Serrano considera que los responsables de las Diputaciones, no pueden conformarse con que la Federación mantenga una actitud pasiva hacia una propuesta ministerial que resulta injusta para la gran mayoría de ayuntamientos y diputaciones, por lo que es preciso abrir un proceso de diálogo con Hacienda para conseguir financiación para afrontar las graves consecuencias financieras de la pandemia del Covid-19.