La deuda viva de la Comunidad ascendía a 12.964 millones de euros a 30 de junio de 2020, de acuerdo con la estadística del Banco de España publicada hoy, lo que equivale al 23,2 % del Producto Interior Bruto (PIB) y sitúa a la Comunidad como la novena autonomía más saneada, 2,9 puntos por debajo de la media autonómica, que se sitúa en el 26,1 % del PIB nacional.
La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es limitada, de acuerdo con los datos facilitados esta mañana por el organismo regulador. En concreto, al término del segundo trimestre del año se cifraba en el 4,2 % del total de las comunidades, contabilizado en 305.689 millones de euros.
A esa misma fecha y en términos absolutos Castilla y León sumaba 12.964 millones de euros de pasivo. Esta cantidad representa el 23,2 % del Producto Interior Bruto, con un diferencial de 2,9 puntos porcentuales por debajo de la media autonómica y que se amplía respecto a los datos de cierre del primer trimestre (2,5 p.p.). Esta ratio la sitúa en el noveno lugar en la lista de territorios menos endeudados de España, por detrás de Canarias, País Vasco, Madrid, Navarra, Galicia, La Rioja, Asturias y Andalucía. Esta posición relativa denota la responsabilidad con la que la Junta viene utilizando esta fórmula de financiación, respetando los límites al endeudamiento fijados por la normativa de estabilidad presupuestaria.
Créditos reintegrables
En este importe el supervisor bancario incorpora los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad ha concedido a empresas de la región, cuantificados en 268,2 millones de euros; el denominado ‘factoring’ sin recurso –o lo que es lo mismo, los créditos comerciales con la Administración que se han cedido a entidades financieras–, que añade 158,8 millones de euros, y el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada y otra deuda imputada, que se cuantifica en 281,1 millones de euros.
El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas) y atendiendo a quienes son los prestamistas indica que, al final del segundo trimestre de este año, el mayor peso corresponde al Fondo de Facilidad Financiera, cuyos préstamos se elevan a 3.864,6 millones de euros, –en concreto, el 29,8 %– resultado de la decisión del Gobierno autonómico de adhesión a este Fondo para satisfacer las necesidades de endeudamiento del ejercicio 2015, las del segundo semestre de 2017, las correspondientes al año 2018 y las del primer y segundo trimestres de 2020, así como la cobertura parcial del déficit excedido de 2019. El segundo lugar lo ocupan las emisiones de deuda que con un importe vivo de 3.510,4 millones de euros representan el 27,1% del total de la deuda regional. Como cuarto prestamista figura el Banco Europeo de Inversiones, con 972,5 millones de euros, un 7,5% de la deuda de la Comunidad.
Por otro lado y de forma similar a trimestres anteriores, el 95,2% del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 4,8% de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.
Respecto a los plazos de vencimiento, el 96,3% de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo, frente al 3,7% firmada a corto. El 78,4% está concertado a tipo de interés fijo y el 21,6% a variable, un reparto que permite mitigar el efecto de posibles subidas futuras del Euribor.
A cierre de 2019, Castilla y León situó su nivel de endeudamiento en el 21 % del PIB según los datos actualizados hoy, casi medio punto porcentual menos que en 2018 y aproximadamente 3 puntos inferior a la media autonómica, cumpliendo así con el objetivo de deuda asignado para ese ejercicio de acuerdo con el informe del Ministerio de Hacienda publicado en el mes de mayo.
Sin deuda de las empresas públicas
Finalmente, cabe señalar que el Banco de España, además de los 305.689 millones de euros en que cifra el endeudamiento global de las autonomías, contabiliza en 2.918 millones de euros, la deuda de otras empresas públicas que pertenecen a las comunidades autónomas que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que corresponda ninguna cuantía a Castilla y León.