El Bocyl publica esta disposición ante la nueva normativa sobre transparencia que está elaborando el Ejecutivo autonómico.
publica hoy la Resolución del director general de Transparencia y Buen Gobierno, Joaquín Meseguer, por la que se concretan las condiciones para la publicación de la huella normativa completa de la tramitación administrativa de los anteproyectos de ley, la tramitación completa de los decretos, decretos legislativos y decretos-ley aprobados por la Junta de Castilla y León y las órdenes que desarrollen directamente una ley.
Esta novedad, que se visualiza como apartado monográfico del Portal de Gobierno Abierto, se abre hoy con la publicación de toda la huella normativa generada hasta la fecha por el procedimiento de elaboración de la próxima Ley de transparencia, acceso a la información y su reutilización.
La huella normativa es la denominación que recibe todo proyecto de publicidad activa cuya finalidad es ofrecer la máxima divulgación de los documentos y los contenidos que se generan en el proceso de tramitación de las normas de obligado cumplimiento. La normativa de transparencia recoge la obligación de dar publicidad a algunos de estos contenidos al identificarlos como relevantes para la rendición de cuentas.
En el texto de la resolución de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno difundida hoy, se cita expresamente que no hay impedimento para que los informes y dictámenes preceptivos emitidos se divulguen, así como las alegaciones efectuadas por todos los actores que intervienen en el proceso o la respuesta dada a ellas. Toda esta información es relevante a la hora de conocer no solo el espíritu y finalidad de la norma sino también las distintas modificaciones producidas a lo largo de su tramitación, desde su concepción original, hasta el texto final que vaya a aprobarse.
La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, en la que se halla este centro directivo, también considera que una mayor transparencia de estos procesos fomentará la participación ciudadana en la conformación del contenido final de las normas, garantizará que las decisiones sean más motivadas y razonables y permitirá conocer qué y quienes influyen directa o indirectamente en la reglas que todos deberemos observar.
La resolución hecha pública hoy fija que los documentos y contenidos que deban ser objeto de publicidad se difundirán en los quince días hábiles desde que se hayan recibido por el órgano promotor de la iniciativa normativa; serán publicados en un apartado específico del Portal de Gobierno Abierto –sistemática y cronológicamente y en formatos accesibles- y cuando se ponga en marcha una consulta pública se creará en este espacio monográfico una entrada correspondiente a la futura disposición.