Las entidades deportivas y del Tercer Sector Social beneficiarias de esta ayuda desarrollarán trabajos de asesoramiento y atención a mujeres embarazadas en situación de especial vulnerabilidad, víctimas de maltrato y explotación sexual y diversos programas con jóvenes en situación de riesgo. Además, podrán financiar los gastos realizados con cargo a estos proyectos a lo largo de todo el año 2020.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha resuelto la convocatoria de subvenciones convocada el pasado 28 de julio relativa a la realización de proyectos de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia de género, dirigida a entidades del Tercer Sector de Acción Social y entidades deportivas. Una iniciativa que se concretaba en líneas de ayuda dirigidas al desarrollo de proyectos para el asesoramiento y atención a víctimas de violencia de género, la prevención de agresiones sexuales, la implantación de programas con jóvenes y adolescentes en situación de riesgo y los desarrollados con mujeres embarazadas en situación de especial vulnerabilidad, mujeres con discapacidad o prostituidas y también víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Un total de 83 proyectos se han presentado a esta convocatoria y, después del correspondiente proceso de valoración de concurrencia competitiva, han resultado financiados 48 de ellos por un importe total de 611.000 euros.
Esta línea de subvenciones refuerza el firme compromiso que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León tiene con la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género, abordando esta lacra social desde la prevención con la sociedad más joven, así como desde la atención a las mujeres que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad y especialmente con las mujeres víctimas. El departamento que dirige Isabel Blanco apuesta también por la evaluación de impacto de sus políticas de apoyo, para lo que pondrá en marcha sistemas de seguimiento e intercambio de información entre las propias entidades y la Administración autonómica en la búsqueda de mayor eficacia y atención integral a colectivos especialmente vulnerables.