El vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha mantenido en la mañana de hoy sendos encuentros desarrollados de manera telemática con Tomás Quintana –en su calidad de Comisionado de Transparencia de la Comunidad- y con Eduardo Morán, presidente de la Diputación de León. En el primero de los casos se han abordado las novedades recogidas en el anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización. El segundo encuentro se ha centrado en la tramitación de la reforma de la actual Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio –LORSERGO-, para la que se ha pedido a la Diputación de León que sea partícipe de esta modificación y aporte sus sugerencias.
La reunión celebrada esta mañana entre Francisco Igea y el Procurador del Común, Tomás Quintana, supone el cierre de una ronda de encuentros institucionales entre la Vicepresidencia del Gobierno autonómico y los máximos responsables de las instituciones propias de la Comunidad. Además, en esta cita también han participado el viceconsejero de Transparencia y Calidad de los Servicios, Fernando Navarro, y el director general de Transparencia y Buen Gobierno, Joaquín Meseguer. Todos ellos han tratado las cuestiones del anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización que afectan más directamente al Comisionado y Comisión de Transparencia de Castilla y León. En especial, las referentes a sus futuras competencias relacionadas con la evaluación de la transparencia, el régimen sancionador y el procedimiento de mediación en materia de acceso a la información pública.
Francisco Igea ha calificado esta reunión como “muy interesante para hablar del futuro de la transparencia y los derechos de los ciudadanos en Castilla y León” y ha puesto énfasis en la relevancia del “proyecto conjunto muy importante para esta Comunidad, como es la nueva ley de transparencia que va a trasladar a todas las Administraciones públicas y entes públicos un nuevo concepto de la transparencia”. Precisamente, por ello, el vicepresidente y consejero ha anunciado que la Junta de Castilla y León trasladará a la Mesa de las Cortes la petición de que se atiendan las necesidades de esta institución del Procurador del Común para hacer posible la aplicación de esta nueva Ley. “El Procurador del Común es el Comisionado y es quien va a velar por el cumplimiento de esta norma y va a necesitar los recursos precisos para que la ley no se quede en papel mojado”, ha apuntado Igea.
La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior mantiene unas relaciones de buena sintonía y colaboración habitual con la institución que preside el Comisionado, tal como se refleja en la última memoria del Comisionado y los informes elaborados por el Procurador del Común este mismo año.
Encuentro con la Diputación de León para avanzar la nueva ordenación territorial
La segunda reunión fijada en la mañana de hoy, que también se ha desarrollado de forma telemática, supone continuar con el ciclo de recogida de sugerencias y exposiciones de las principales líneas de la reforma de la vigente ley de ordenación del territorio. El vicepresidente Igea y el director general de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Calonge, han trasladado al presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, y a su vicepresidente, Matías Llorente, que es imprescindible sacar adelante esta norma y que en este proceso “tenemos que hacer las cosas de abajo arriba, contando con el territorio, con las diputaciones”, ha afirmado Francisco Igea.
Una vez finalizada esta videoconferencia, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha destacado la buena acogida por parte de la Diputación de León a ser parte activa de esta propuesta “mucho más flexible y que nos va a permitir echar a andar y desbloquear una situación que lleva lustros paralizada en esta Comunidad y que es urgente”. Francisco Igea también ha subrayado nuevamente que “si no procedemos a ordenar el territorio se ordenará por sí solo porque una de las consecuencias de la despoblación es la desaparición progresiva de pueblos, de municipios y para conseguir frenar esto es importante tener una Administración racional, que funcione y dé servicios en el territorio y para ello es necesario emprender esta reforma”.