El consejero de la Presidencia expone al Procurador del Común las numerosas acciones que desde la Consejería se han llevado a cabo desde el inicio de la legislatura para buscar alternativas a una escasez de plazas, que sin ser responsabilidad de la Junta, viene motivada en buena medida por la falta de ambiciosas convocatorias de ofertas de empleo público, cuya competencia es de la Administración del Estado.
Esta mañana de lunes, el consejero de la Presidencia ha mantenido un encuentro con el Procurador del Común para hacer balance de algunas de las actuaciones que la Consejería ha mantenido a lo largo de la legislatura, con especial incidencia en los últimos meses vinculados a la pandemia. En esta línea de colaboración, Ibáñez ha presentado a Tomás Quintana el informe de aceptación por parte de la Consejería al respecto de la resolución remitida por el Procurador relativa a la cobertura de puestos de habilitados nacionales en la Comunidad Autónoma.
La escasez de puestos de habilitados nacionales es uno de los temas que la Consejería ha abordado de forma urgente desde el inicio de la legislatura, conocedores de las dificultades que tienen muchos ayuntamientos para cubrir puestos, especialmente de secretaría intervención, en toda la Comunidad. El consejero ha expuesto al Procurador las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería y la dirección de Administración Local para buscar soluciones a este problema especialmente acuciante en las entidades locales menores de 5.000 habitantes, lo que representa el 97 % en Castilla y León.
Ampliar la oferta
En este sentido, el director de Administración Local, Héctor Palencia, mantuvo una reunión con la directora general de Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en febrero de este año, con el objeto de trasladar la complicada situación creada en Castilla y León con la escasa oferta de empleo público. En esta línea, el consejero de la Presidencia mantuvo sendas reuniones con la Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, en marzo y en junio de este año donde, entre otros temas, se instó al Gobierno central a atender la petición de Castilla y León para ampliar la oferta que posibilite contar con un mayor número de habilitados nacionales en la Comunidad.
Desde la Consejería la acción se ha llevado también a los órganos de mayor representación en el mundo local como es la Conferencia de Titulares de Alcaldía y Presidencias de Diputación. En la reunión de la conferencia de mayo de este año se firmó un Acuerdo que compromete a los miembros de la conferencia a desarrollar las acciones necesarias para resolver la situación de falta de cobertura de estos puestos, lo cual implica de forma urgente una planificación y publicación de ofertas de empleo público adecuadas y continuadas en el tiempo por parte de la Administración del Estado.
Aprobación normativa autonómica
Asimismo, el acuerdo contempla el compromiso de los miembros a colaborar y participar en el proceso de aprobación de la normativa autonómica, cuyos trámites ya ha iniciado la Consejería de la Presidencia para la regulación de los procedimientos de cobertura de los puestos reservados mediante personal interino, buscando fórmulas agiles que, además, garanticen la formación profesional adecuada de las personas que acceden a estos puestos reservados.
El consejero ha recordado que “este es un grave problema ya que las funciones que tiene encomendadas estos puestos son de carácter obligatorio e indispensable en el funcionamiento y la gestión ordinaria de la administración local, tales como la rendición de cuentas, elaboración de presupuestos, emisión de informes exigidos por la administración estatal o autonómica, o el funcionamiento de los servicios locales.”
El informe de la Consejería que da contestación a la resolución del Procurador aclara, además, que la Junta ya ha iniciado las actuaciones necesarias para modificar el Decreto 32/2005, de 28 de abril, por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo reservados, al objeto de dar una nueva regulación al procedimiento para la provisión de puestos vacantes por interinos de manera que, articulando el principio de autonomía local y los principios constitucionales de acceso a la función pública, se pueda proceder a la selección de estos de manera más ágil, económica y coordinada.
Relación permanente entre la Junta y el Procurador del Común
La Consejería de la Presidencia, a través de la dirección de Relaciones Institucionales, es el enlace entre el Procurador del Común y la Junta de Castilla y León, de esta forma gestiona las relaciones de todas las Consejerías con la Procuraduría, realiza el seguimiento de los expedientes de la institución propia hacia la consejería correspondiente, el seguimiento para el correcto cumplimiento de los plazos, se asegura de que se responde de manera completa a todas las cuestiones planteadas, remite a la Procuraduría las respuestas, la aceptación o no de sus resoluciones, y las decisiones o cambios que se van a adoptar sobre la cuestión.
Durante la reunión, el consejero ha hecho hincapié en el especial esfuerzo de todas las consejerías para dar respuesta a las cuestiones planteadas sobre los temas relacionados con la COVID-19. Especialmente entre marzo y mayo se iniciaron de oficio por parte del Procurador del Común diferentes iniciativas en las que se interesaba por cuestiones relacionadas con la pandemia. Por la urgencia de las cuestiones planteadas se acortaron los plazos de respuesta a una semana en aquellas que requerían mayor prontitud, cuestiones que afectaban a todas las consejerías, y de forma especial a las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades, Sanidad y Educación.
“La pandemia no ha supuesto un parón en la actividad de la Junta con el Procurador del Común, más bien todo lo contrario, muestra de este especial esfuerzo del Ejecutivo autonómico es el número de trámites que se realizaron durante el periodo de confinamiento comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de mayo, en total 395”, indicó el consejero. Estos trámites se refieren a varios tipos de documentos firmados durante ese periodo, y que incluyen tanto el envío a las Consejerías de peticiones de información, reiteraciones, resoluciones, cierres de expedientes, como al Procurador del Común, informes de Consejerías, postura ante resoluciones.
Por último, Ibáñez ha ensalzado la labor del Procurador del Común en relación con la defensa y protección de los derechos constitucionales de los castellanos y leoneses, “especialmente en momentos de gran incertidumbre como los que estamos viviendo, es importante recordar que instituciones como el procurador garantizan la total autonomía y objetividad en su cometido, un órgano independiente que es una garantía para nuestros paisanos”.