El pasado 15 de octubre conocimos el dictamen emitido por el Consejo de Estado en relación con el proyecto del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego, cuya aprobación se llevó a cabo de forma inminente en Consejo de Ministros la semana que pasó. Los cambios que introducirá el mencionado texto legal significarán un antes y un después para la industria del juego online en España.
A ello hay que sumar que la crisis generada por la COVID-19 ha provocado un impacto negativo en los ingresos de los grandes operadores en el primer semestre de este 2020, según el informe publicado por la Dirección General de Ordenación del Juego, organismo dependiente del Ministerio de Consumo. Circunstancias que están provocando que el sector atraviese por un momento bastante convulso.
Echando un simple vistazo a este barómetro podemos comprobar que, en algunos casos, las pérdidas son notorias. Así, por ejemplo, los casinos Playtech, que se posicionan entre los más importantes de España, han visto cómo sus ganancias se han reducido en un 22,5 % a pesar de su sólido desempeño. La DGOJ resalta, no obstante, que pese a las circunstancias adversas esta actividad sigue mostrando un gran dinamismo.
Si seguimos ahondando en las cifras presentadas por este importante desarrollador de software para juegos online en su último informe de resultados, vemos cómo sus ingresos fueron de 564 millones de euros, que distan mucho de los 727,8 que registraron durante el mismo período del año anterior. Además, el EBITDA ajustado alcanzó los 162,3 millones, muy lejos de los 192,9 a los que llegó en los seis primeros meses de 2019.
Debemos tener en cuenta que este proveedor está presente en casi la totalidad de los casinos en línea de nuestro país, entre los que podemos destacar los de Sportium, Betfair, Merkurmagic, Betsson, Casino Gran Madrid o Bwin. A pesar de todo, en el informe de la compañía se destaca su resiliencia gracias a la temprana, decisiva y acertada respuesta en las acciones de TradeTech Group, su división financiera.
Los peores datos los encontramos en el análisis del segmento de las apuestas deportivas. La obligada suspensión de las competiciones desde el pasado mes de marzo a consecuencia de la pandemia provocó un frenazo en seco que se ha visto reflejado en sus ingresos brutos. La DGOJ reconoce, de hecho, que el descenso ha sido notable. Su tasa ha pasado de superar el 50 % en años anteriores a colocarse en un discreto 32,63 %.
De abril a junio, el decrecimiento alcanzó el 40 % respecto a los tres primeros meses del año, en los que aún no se había tomado la decisión por parte de las autoridades competentes de parar los grandes eventos y demás ligas deportivas que se corresponden con los principales nichos de mercado de estas plataformas.
Hemos de destacar también que, como consecuencia, la media mensual de cuentas activas bajó casi un 30 % durante estos tres meses críticos. A lo que tenemos que añadir que el decreto de la publicidad del juego online ideado por el ministro Garzón no ayuda a la estabilización de un sector que se está resintiendo notablemente, y que entiende que la nueva legislación no hará más que crear un caldo de cultivo para favorecer el florecimiento de las plataformas ilegales.
El decreto de publicidad del juego online genera controversias entre los principales operadores, ya que tendrán que cumplir una serie de condiciones a la hora de llevar a cabo sus acciones de marketing. La limitación de la publicidad prohíbe los patrocinios deportivos por parte de las empresas vinculadas a las apuestas.
Las autoridades entienden que esta circunstancia incita a los más jóvenes a iniciarse en una actividad que puede llegar a ser perniciosa. Tampoco estará permitida su difusión masiva en los medios de comunicación.
Aunque aún no está en vigor, el decreto de publicidad del juego online ya está causando efectos negativos para la industria. Podemos observarlo en el dato que refleja que los gastos en marketing de las grandes plataformas han caído un 65,65 %.
La normativa también afecta a los jugadores, que verán cómo las promociones de las salas y los bonos sufren una reducción considerable. Para los contratos publicitarios ya firmados, el proyecto de decreto señala tres meses desde la entrada en vigor para que queden anulados. Todo parece indicarnos que la fecha marcada es el 1 de julio de 2021.
En definitiva, los efectos de la pandemia y los cambios que se contemplan en la legislación han provocado una sacudida en el sector, que no atraviesa por su mejor época. De abril a junio los ingresos brutos cayeron un 4,18 %. En los próximos meses comprobaremos si la industria es capaz de sobrevivir en el nuevo escenario que se plantea y mantener el crecimiento marcado en los últimos años.