Artículo de Eder García.
Todos tenemos claro que, cuanto mayor consenso conciten las reformas en materia educativa, mayor será la satisfacción de las partes y la durabilidad de los cambios. En este sentido hubo un buen intento en la última etapa del Gobierno de Zapatero, en la que, a punto de firmarse el acuerdo con el PP, éstos se levantaron de la mesa por su más que probable victoria electoral.
Apareció entonces la LOMCE o Ley Wert, aprobada por los 182 diputados de un único partido: el PP. Obviamente supuso la contestación de prácticamente toda la comunidad educativa y la oposición política en bloque. Ese era el mismo PP que ahora critica que la nueva ley (LOMLOE) haya sido aprobada por los 177 diputados de 5 fuerzas políticas muy distintas.
La conocida como Ley Celaá tiene enfrente a la derecha española y a la escuela concertada. Mientras que queda claro el porqué de los segundos (financiación), la campaña en contra de los primeros tiene poco que ver con la educación y mucho con la bronca política que suele movilizar a su electorado más reaccionario. Cabe añadir que sería irreprochable su crítica si en vez de consignas y bulos emplearan la verdad de los hechos.
Es evidente para cualquiera que lea el texto de la ley que ésta no se carga la educación especial, sino que la equipara al resto de Europa fomentando la inclusión. Tampoco desaparece el castellano de las aulas, pero, si esto les preocupara tanto, tendrían que llamar la atención a sus compañeros de Madrid, que con su modelo de bilingüismo en inglés dejan el castellano para lengua y matemáticas, en muchos casos. Pero el inglés no genera tanta polémica como el catalán, claro.