Artículo de opinión de Alejandro Ramos Barrios
El futuro de la sociedad es el presente de la educación. Y en estos momentos, la educación en nuestro país se encuentra seriamente amenazada por una ley que representa el mayor ataque a la libertad de enseñanza desde comienzos de la democracia.
Nos encontramos ante una reforma educativa, tramitada por vía de urgencia, aprovechando la excepcionalidad de la pandemia, que está siendo aprobada de espaldas a la sociedad sin consenso con la comunidad educativa, las familias o la oposición. Pero que no nos engañen, el fin último que persigue este Gobierno con la nueva Ley, es el adoctrinamiento ideológico.
En primer lugar, la eliminación del castellano como lengua vehicular, no solo es un atropello que vulnera los principios y libertades que recoge la Constitución, sino que es una falta de respeto a la lengua más hablada en España y al segundo idioma más practicado en todo el mundo.
En segundo lugar, supone un atentado contra la libertad de elección de los padres, que no podrán decidir la educación que quieren para sus hijos y será el Estado, el que elija a qué centro público, y qué materias deberán cursar, dejando de lado a la educación concertada.
En tercer lugar, la repetición de curso será algo excepcional. Es decir, se tratará por igual a un alumno sobresaliente que a un alumno que suspenda asignaturas, premiando, por lo tanto, la indolencia, por encima del esfuerzo o la meritocracia.
Y, por último, el capítulo más sangrante es el de la supresión de los centros de educación especial, cuya finalidad es la protección de los niños con discapacidades, que requieren de una serie de cuidados especiales. A partir de ahora, deberán integrarse en centros ordinarios, en los que no se podrá atender como es debido a estos niños con deficiencias físicas o sensoriales.