Para el consejero del ramo, la aplicación de las recomendaciones ambientales de la Comisión Europea para el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común deben materializarse en medidas que compensen adecuadamente a los agricultores y ganaderos.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha participado esta mañana, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el segundo debate de orientación para la elaboración del Plan Estratégico de la PAC en España celebrado en la Conferencia Sectorial.
La posición de la Junta para este encuentro ha sido firme. Castilla y León demanda al Gobierno de España que las ayudas asociadas existentes, ligadas tanto a la agricultura como a la ganadería, permanezcan para el próximo periodo de la PAC con los mismos importes actuales.
En ese aspecto, el modelo vigente de esas ayudas asociadas ha contribuido a mantener los sectores a los que van dirigidas, ya que están sometidos a grandes riesgos e inestabilidades debido a la volatilidad y competencia de los mercados. Se trata de sectores vulnerables pero que, precisamente, se han esforzado por mantener el empleo y el tejido económico en el medio rural.
Así, Carnero ha dejado claro que “los sectores ganaderos deben seguir siendo apoyados, estableciendo un pago por cabeza de ganado, atendiendo especialmente a aquellas producciones que cuentan con escasa base territorial, como son el caso del ovino y caprino, vacuno de leche y vacuno de cebo”. Y ha añadido que, en cuanto a sectores agrícolas, “hay que mantener los sectores que se están apoyando actualmente, como la remolacha azucarera por su impacto social y económico en las áreas rurales, y los cultivos proteicos por su contribución positiva a reducir el déficit de proteína vegetal de Europa, además de los beneficios medioambientales que proporcionan”.
Incorporación de Programas Nacionales Sectoriales
En este apartado, el consejero ha demandado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación la necesidad de un Programa Nacional para el sector del ovino y caprino con medidas financiadas con cargo al primer pilar de la PAC para recuperar el potencial mantenido hasta ahora. España es el primer país de la Unión Europea en censo y el sector está sufriendo una reducción continuada de animales y explotaciones.
Se trata de un colectivo identificado en los últimos años con debilidades por pérdida de efectivos, envejecimiento de los titulares, muy sensible a las variaciones del mercado a la vista de lo ocurrido con la COVID-19, y que cuenta con estructuras asociativas con las que se puede trabajar para la reestructuración y adaptación a las nuevas demandas del mercado.
Distribución del Feader
En el actual periodo se ha asignado a Castilla y León 969 millones de euros. A partir de aquí, el consejero ha recordado que “para el próximo periodo, 2021-2027, Castilla y León ha reivindicado la incorporación de criterios objetivos como la Superficie Agraria Útil, la superficie de zonas con limitaciones naturales por montaña, Red Natura 2000 y la despoblación, y que además se tenga en cuenta para la nueva asignación la pérdida de fondos que se ha producido en la gestión del Feader, con el objetivo de evitar que no se pierda ni un euro para el desarrollo rural”
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España presentará a la Comisión Europea tiene una dotación de 140.000 millones de euros de financiación europea. De esta cuantía, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación gestionará 1.051 millones de euros ( 956 para agricultura y alimentación y 95 para pesca ).
Esta financiación se va a distribuir en cuatro programas:
-Modernización de regadíos a través de Seiasa: 563 millones de euros.
-Inversiones en explotaciones agrarias (especialmente en invernaderos): 345 millones de euros.
-Digitalización: 38 millones de euros.
-Plan de rehabilitación de laboratorios del Ministerio: 10 millones de euros. Respecto a este Plan, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural sigue reivindicando mayor protagonismo para el sector agrario y agroalimentario y que se atiendan las demandas que la Junta de Castilla y León ya transmitió al Gobierno de España en el documento enviado a principios de octubre.
Tal y como ha matizado Carnero, “son fondos europeos que deben de ayudar más al sector agrario y agroalimentario así como al desarrollo de nuestros pueblos, y que según el Plan del Gobierno de España esto no aparece reflejado, es más, lo que figura es testimonial”.
La asignación Feader por resiliencia es de 717 millones de euros, y si se añaden los 1.051 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hacen un total de 1.768 millones de euros destinados al sector agrario y agroalimentario específicamente, es decir a penas un 1,3 % del montante total de los fondos europeos de resiliencia para España. Por eso, desde la Junta se demanda mayor financiación y una distribución por comunidades autónomas que permita atender adecuadamente los proyectos que necesita este sector.
Así mismo, el consejero ha hecho hincapié en que “estos fondos también deberían reflejar una dotación específica para nuevos regadíos, además de lo destinado para modernizaciones”.
Castilla y León dispone de amplias zonas con estas características que necesitan avanzar en ejecución. Todos los nuevos regadíos se implantan ya con tecnología de ahorro de agua y energía. Y respecto a las modernizaciones, hay que tener en cuenta que la Junta trabaja paralelamente con Seiasa y, por lo tanto, “una parte de la financiación también debería destinarse al gasto de la Comunidad Autónoma en estas infraestructuras, no sólo a la financiación del Estado”.
Consejo Consultivo
Previamente, se ha desarrollado el Consejo Consultivo, preparatorio del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europa, que se celebrará el 15 de diciembre.
En él se han tratado varios asuntos, como el referente al etiquetado de bienestar animal para toda la Unión. Sobre este apartado, que se ha incluido en la Estrategia de la Granja a la Mesa, Castilla y León recoge como punto positivo que los productos de origen animal, en cuyas explotaciones de origen se llevan a cabo prácticas de bienestar animal, puedan ser reconocidos con un etiquetado a nivel europeo, que permita informar al consumidor y además puedan conseguir mayor valor añadido.
Respecto al etiquetado nutricional que se plantea en los envases de alimentos, con perfiles de nutrientes y etiquetado de origen, la Junta comparte la idea siempre que no demonice a los alimentos que contiene. Desde la Administración autonómica se apuesta por consumos responsables y dietas equilibradas, y un etiquetado con la información clara, donde se indique la procedencia de los alimentos, y si son producidos, o no, en la Unión Europea, siendo deseable además que aparezca el porcentaje de producto que contiene el alimento por origen del producto. Con ello se pretende que no se vuelvan a producir mensajes dañinos como los utilizados con el azúcar. El consumidor no debe recibir información sesgada, que apueste por dietas equilibradas y consumo responsable.
Situación de los debates de la reforma de la PAC en las instituciones comunitarias
Actualmente se están debatiendo en los denominados ‘trílogos”, formados por el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento y la propia Comisión Europea, aspectos específicos para conseguir aprobar los Reglamentos de la reforma de la PAC en el primer semestre de 2021.
Para Castilla y León son importantes determinadas cuestiones que aún no están cerradas, como por ejemplo la arquitectura medioambiental de la nueva PAC. Carnero ha reivindicado que el porcentaje de fondos destinados a los ‘ecoesquemas’, se sitúe en el nivel más bajo, en el 20%, que fue el porcentaje que acordó el Consejo, frente al 30% que ha propuesto el Parlamento.
Y además, en el marco de la arquitectura medioambiental, Castilla y León está demandando que “la agricultura ecológica sea una medida agroambiental del segundo pilar, como emblema del desarrollo rural”, tal y como figura actualmente en los Programas de Desarrollo Rural, asumiendo sus beneficiarios compromisos plurianuales para el desarrollo de estas prácticas.