El convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables, permitirá a los empleados públicos de las Instituciones Propias acceder a las acciones formativas y conocimiento de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, así como a los empleados públicos de la Junta compartir aquellas actividades de interés impulsadas por cualquiera de las entidades firmantes.
El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, en representación de la Junta de Castilla y León; el presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero; el presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega; el Procurador del Común, Tomás Quintana; y el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, han firmado esta mañana el convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, las Instituciones Propias y su Secretaría General de apoyo, para promover la transferencia del conocimiento mediante la participación y organización de acciones formativas y de investigación.
El objeto de este convenio es articular la cooperación entre las partes para promover la participación del personal en actividades formativas y de investigación promovidas por cualquiera de las entidades y cuyo objetivo sea considerado de interés para su personal, tomando siempre en consideración que la materia impartida redunde en la especialización y en la transferencia del conocimiento de las instituciones firmantes del convenio.
Durante el acto, el consejero ha destacado la importancia de este convenio, que va más a allá de un mero acuerdo, por cuanto significa una nueva herramienta para el impulso de los empleados públicos de la Comunidad. “Todas las acciones que repercutan positivamente en su progreso y crecimiento son de suma importancia para nosotros, y lo son porque de la mejora en las competencias de los profesionales depende buena parte de la calidad en la prestación de los servicios públicos, esa calidad demostrada que lidera ratios de excelencia en todo el país”, ha señalado.
Asimismo, Ibáñez ha subrayado que el convenio permitirá abrir la formación de la Junta a todos los empleados públicos de la Comunidad independientemente de donde presten sus servicios, ya que hasta ahora podían acceder a la formación los empleados de la Junta, entidades locales y personal de las universidades públicas, y a partir de la firma podrán hacerlo también los casi 120 empleados de las Cortes de Castilla y León y los cerca de 150 de las Instituciones Propias de la Comunidad.
Este convenio pretende además ser responsable con el futuro, ya que, como ha explicado el consejero “las diversas instituciones firmantes compartimos la importancia de la generación y transferencia de conocimiento comprometido con el desarrollo sostenible y los principios de las Unión Europea en lo referente a la Agenda 2030, cuestiones que la Junta impregna en sus políticas a través de la acción de la Consejería de la Presidencia”.
Novedades de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León
Por parte de la Junta de Castilla y León, las acciones formativas y transferencia del conocimiento se canalizarán a través de la ECLAP, dependiente de la Dirección de Función Pública de la Consejería de la Presidencia. Una escuela que solo en el presente año, y a pesar de las difíciles circunstancias vividas fruto de la pandemia, ha mantenido un ritmo notable en las acciones formativas, celebrando más de 300 cursos y alcanzando alrededor de 20.000 empleados públicos.
En este sentido, el consejero ha ensalzado la calidad de la Escuela y ha anunciado que, fruto de la negociación con las organizaciones sindicales, y por unanimidad, se ha aprobado en la Comisión de Formación para el Empleo de la Administración el Plan ECLAP 2021, que verá su concreción en el BOCYL en los próximos días del mes de diciembre.
Por otro lado, Ibáñez ha puesto de manifiesto que la Escuela ha ido adquiriendo conocimiento, experiencia y nuevas competencias no previstas en su norma desde su creación. Asimismo, ha ido ampliando el ámbito subjetivo de los destinatarios de sus actuaciones y, desde hace unos años, sus actividades formativas se dirigen, además de a los empleados públicos autonómicos, a los de las entidades locales y universidades públicas de la Comunidad, y desde la firma del presente convenio, también a los de las Instituciones Propias. En este sentido, ha anunciado el inminente desarrollo de un nuevo decreto regulador de la ECLAP. “Así queremos seguir profundizando en su desarrollo y fortalecimiento. Entre otros objetivos está el de desarrollar los contenidos de los nuevos procesos selectivos adaptados a las demandas de la actual administración pública, por ello se le atribuye la gestión de la selección de las personas que integrarán el empleo público de esta Administración, dado que la captación del talento y la formación son dos elementos que forman un tándem fundamental en la gestión de las personas al servicio de la Administración autonómica”, ha concluido el consejero.
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