UGT envía este llamamiento a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para que obligue a las empresas a proporcionar este tipo de unidades faciales para sus empleados.
Los trabajadores que realizan su labor profesional en el sector de la ayuda a domicilio son personas altamente expuestas al riesgo de contagio por covid-19, debido, por un lado, al constante contacto físico con sus usuarios y, por otro, a la alternancia de dichos contactos con muchos grupos de personas diferentes en lugares distintos a lo largo de cada jornada
de trabajo.
Por eso, desde UGT han llevado a cabo un llamamiento de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para que obligue a las empresas a proporcionar a todos estos trabajadores equipos de protección respiratoria de tipo FFP2 de manera inmediata.
En el sindicato han recordado Cabe recordar que, a menudo, los centros de trabajo de estos empleados son los propios
domicilios particulares de quienes requieren el servicio y, en ellos, no existe ningún control sobre las condiciones higiénicas y de ventilación que garantizan la salubridad de los mismos. "Pese a esta circunstancia, en la inmensa mayoría de los casos, los
trabajadores de ayuda a domicilio no están recibiendo los EPIs más adecuados para garantizar su protección", han indicado en la organización sindical.
También han mencionado que pese a que este servicio es prestado por la administración pública a través de empresas
privadas, con frecuencia, los trabajadores padecen una situación de precariedad en el desempeño de su labor que los expone de manera innecesaria.
Por eso, han recordado también que la labor de inspección en este ámbito es una "obligación" de la Junta de Castilla y León para garantizar el cumplimiento de las leyes y la protección de los trabajadores. Teniendo en cuenta que parece que la presencia del SARS-CoV-2 no va a disminuir a corto o medio plazo en Castilla y León, "el alto grado de exposición de los trabajadores de ayuda a domicilio y que el servicio que prestan es esencial", en UGT han solicitado que la Consejería los considere prioritarios en el orden de vacunación contra la enfermedad, "con el fin de proteger su salud y la de sus usuarios, y además ofrecer mayor garantía en la prestación de un servicio fundamental".