Artículo de opinión de Eder García, soriano comprometido y concejal socialista en el Ayuntamiento de Soria.
Estamos muy acostumbrados a encontrar en los medios presuntas guerras entre administraciones de diferentes ámbitos que, en muchos casos, se acusan mutuamente de las disfunciones de las políticas públicas que unos u otros emprenden.
Tendría que ser relativamente fácil adjudicar responsabilidades de los éxitos y los fracasos en base al reparto de las competencias que la Constitución y las leyes les atribuyen, pudiendo evaluar, a su vez, la gestión de aquellas personas que elegimos para tomar decisiones por nosotros.
Vivimos momentos en los que la toma de decisiones en todos los niveles es especialmente vertiginosa. Las respuestas que se elaboran desde los poderes públicos para afrontar la extremadamente cambiante situación deben conjugar la protección de la salud con el menor impacto posible sobre la economía y los demás derechos fundamentales.
Esta circunstancia no puede servir de excusa para que aquellos que ostentan la autoridad en materia sanitaria, es decir, la Junta de Castilla y León, marque su propia agenda en la toma de decisiones sin contar para nada con el resto de agentes implicados.
Esta actitud no es únicamente un estilo obsoleto de ejercer el gobierno, sino que además pierde por el camino toda la rica aportación del resto de actores que terminan siendo meros destinatarios e incluso víctimas de decisiones desenfocadas.
Los ayuntamientos son las administraciones que mejor conocen la singularidad de sus municipios, así como las distintas realidades y necesidades de sus ciudadanos. Cuando la Junta pasa radicalmente y de forma sistemática de los acaldes y alcaldesas de la autonomía no solo deja de lado a quienes tendrán que ser colaboradores necesarios en la ejecución de sus decisiones, sino que rechaza una experiencia y sabiduría que, con toda seguridad, mejoraría la vida de quienes vivimos en la comunidad.