Tras la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del TSJCyL de 23 de diciembre de 2019, y la orden del consejero de la Presidencia de 29 de junio de 2020 que dispone el cumplimiento de la citada sentencia, se procedió a examinar las actuaciones del proceso selectivo buscando no afectar a los interesados que habían aprobado las pruebas.
El Bocyl refleja este martes la orden de la Consejería de la Presidencia por la que se aprueba y publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo convocado por resolución de 21 de junio de 2016, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, para ingreso por el sistema de acceso libre en el cuerpo auxiliar de la Administración de la Comunidad y se ofertan puestos de trabajo, en ejecución de sentencia.
Sobre este proceso, la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, del Trribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dictó sentencia el 23 de diciembre de 2019, en la que se dispone anular la resolución de 5 de febrero de 2018, de la viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto de la Junta, de tal forma que falló retrotraer las actuaciones en el proceso selectivo al momento de la calificación del segundo ejercicio, donde se habían detectado fallos, según el objeto de la demanda.
El 29 de junio de 2020 se dictó por el consejero de la Presidencia la orden por la que se disponía el cumplimiento de la citada sentencia. La Consejería ha continuado con el resto de actuaciones del proceso selectivo, las cuales se han realizado de forma que, en la medida de lo posible, no se vea afectada la situación de aquellos aspirantes que resultaron aprobados inicialmente, según reiterada doctrina jurisprudencial.
La Orden aprueba la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo conforme al orden de puntuación contenido en la propuesta, de fecha 16 de noviembre de 2020, elevada por el Tribunal Calificador en ejecución de sentencia. Se incluye, así mismo, a los opositores que en el proceso selectivo anulado obtuvieron plaza y que en la actualidad han quedado por debajo de la puntuación que da acceso a las mismas. Razones de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima, además de consideraciones de equidad, justifican esta decisión administrativa.
En el proceso inicial fueron convocadas 97 plazas y con esta resolución se suman otras 13 en relación a los afectados por la sentencia, siendo finalmente un total de 110 plazas a adjudicar.
El Bocyl puede ser consultado en el documento adjunto que figura más abajo o en este enlace.