El G-100 se renueva por completo para abordar el reto de ‘ruralizar las leyes’. 50 hombres y 50 mujeres trabajan para que "una mala legislación bloquee el futuro de nuestros pueblos".
En ocasiones, el precepto de que la ley es igual para todos no es una garantía de justicia. Es el caso de la España rural. El G-100 que forma el conocido como Rural Proofing, o Mecanismo Rural de Garantía, se ha renovado por completo con una meta marcada: "evitar que una mala legislación bloquee el futuro de nuestros pueblos, no les deje crecer o, en el peor de los casos, acabe con ellos". Por ello, se enfocan en dar un enfoque rural a las leyes pues, "que las leyes no sean iguales para todos es una cuestión de justicia, de cohesión territorial y social, y de progreso".
El G-100 está formado por 50 hombres y 50 mujeres, entre los que se descubren nombres como Carlos Martínez (alcalde de Soria), Mar Angulo (expresidenta del PP de Soria), Armando García (director gerente del Virrey Palafox), Mayte García Almazán (periodista soriana en Japón), Fernando Marín (alcalde de Magaña), Paulino Herrero (exalcalde de Navaleno), Vanessa García (abogada y portavoz de Soria ¡Ya!),... Ellos utilizarán de nuevo la creación colectiva para revisar que la legislación no sea lesiva para los intereses de la España poco poblada, pasando de la teoría del Mecanismo Rural de Garantía a los hechos.
Por delante tienen un reto mayúsculo: la creación de un mecanismo para la revisión de la legislación, las políticas sectoriales y económicas desde una perspectiva rural, teniendo en cuenta los impactos reales y potenciales y sus efectos en las perspectivas de desarrollo, crecimiento y empleo rural, el bienestar social y la calidad ambiental de las zonas rurales y sus comunidades, con el fin último de promover los cambios que contribuyan a la repoblación rural, garantizando que las comunidades rurales sean escuchadas y que se tenga en cuenta su bienestar a la hora de formular la normativa, las políticas y elaborar los presupuestos.
Divididos en quince áreas estratégicas, personas expertas en todos lesos ámbitos, trabajarán durante los próximos meses para ‘ruralizar’ las leyes actuales y dar pautas sobre las venideras. Se dan de plazo hasta el mes de noviembre, cuando tendrá lugar un evento de presentación pública de los resultados del proyecto y especialmente de las alternativas propuestas. Además, se editará una guía sobre las conclusiones y el Mecanismo Rural de Garantía.