El portavoz del Grupo Municipal, Saturnino De Gregorio, lamenta la falta de ejecución de la primera fase 2019-2020.
El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Soria ha registrado 23 alegaciones al Plan de Movilidad de la ciudad con el objetivo de aportar mejoras al texto y mejorar el proyecto y con la esperanza de “que no sea un proyecto estancado como ha sido desde su elaboración”, ha afirmado el portavoz de la formación naranja, Saturnino de Gregorio.
Al respecto,en la formación naranja consideran que el informe, elaborado hace dos años y con un coste de 65.000 euros, “debió impulsar la puesta en práctica de la primera fase del proyecto, previsto para el año 2019-2020”, ha denunciado De Gregorio. “Vamos tarde. No entendemos por qué aún no se ha empezado a trabajar”.
Entre las propuestas, el concejal ha destacado la compra de solares por parte del Consistorio para incrementar el número de aparcamientos en los barrios que lo demandan; la creación de un centro de control de semáforos unificado y sala de pantallas de vigilancia de tráfico, "y un estudio real de movilidad del carril bici".
“Vamos a estar pendientes. Este equipo de gobierno quiere poner en marcha carriles para bicicletas sin la certeza de su uso”, ha advertido De Gregorio. “Nos preocupa los aparcamientos que se eliminarían; especialmente en las zonas residenciales”. En este sentido, ha defendido la promoción de los desplazamientos en bicicleta, patinete para obtener un rédito de los carriles bici.
Glorietas
Otras de las propuestas se centran en convertir alguna de las glorietas existentes y otras de nueva creación en 'turborotondas'. Es decir, crear un sistema con una regulación “más definida y que está dando muy buen resultado en los sitios donde se ha implantado”.
Una app integral de movilidad para mejorar los desplazamientos diarios; la reducción de las emisiones de CO2 con transporte público eléctrico y la realización de la Ronda del Duero, que uniría la zona sur de Eduardo Saavedra con la zona norte de la avenida de Valladolid son otras alternativas para las que su ejecución “debiera sustentarse en un estudio que justifique el gasto de 12,5 millones de euros”, ha concluido De Gregorio.