Si el Supremo ve indicios de que el toque de queda a las 20:00 horas vulnera los derechos fundamentales este pasaría a la historia. Si el alto tribunal no los ve o no decide sobre el tema, como ocurrió la semana pasada, la Junta alcanzaría su objetivo de llegar al 23 de febrero con estas medidas. Mensajes contradictorios entre PP y Ciudadanos sobre el futuro de las restricciones.
Tal y como ocurrió el martes pasado, este martes 16 de febrero todas las miradas en Castilla y León están puestas en Madrid, en concreto en el Tribunal Supremo. Los martes son las jornadas en que se reúne la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal, la sala que tiene que decidir si ve indicios de que el toque de queda a las 20:00 impuesto por la Junta vulnera los derechos fundamentales y, por tanto, lo aplaza mientras toma una decisión sobre el fondo del asunto.
La decisión debería estar al caer toda vez que ya han pasado los 10 días que el Supremo dio de plazo a la Junta para realizar sus alegaciones y los 5 días para estudiar el caso. Pero no es menos cierto que esas circunstancias ya se daban en la reunión periódica de la sala el pasado martes y, aun así, no les dio tiempo a tomar una decisión.
El debate legal continúa estando encima de la mesa. La Junta argumenta que prioriza el derecho a la vida sobre los demás y que el toque de queda tiene respaldo social, epidemiológico y económico. El propio Gobierno, que fue quien recurrió esta medida, considera que la literalidad del Estado de Alarma prohíbe iniciar el toque de queda antes de las 22:00 horas.
Conviene recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez decidió no solicitar medidas provisionalísimas, lo que hubiera obligado al Supremo a decidir mucho antes y solo solicitó medidas cautelares. Sobre estas, y no sobre el fondo del asunto, será sobre lo que podría decidir el Supremo hoy. Mientras se decide algo tan grave como si vulnera o no los derechos fundamentales de casi 2,5 millones de personas el toque de queda cumple hoy un mes en vigor.
Desde la Junta de Castilla y León se mandan contradictorios sobre las restricciones. Por un lado la consejera de sanidad, Verónica Casado, y el portavoz de la Junta, Francisco Igea, -ambos de Ciudadanos- señalaban el pasado jueves que todavía quedan muchas semanas de restricciones como las actuales y que todo depende no tanto de la evolución de los contagios sino de la situación de las UCIs. El propio vicepresidente señalaba que si la Justicia eliminaba el toque de queda a las 20:00 la Junta haría “todo lo posible” por mantener un nivel de restricciones similares. Esto podría suponer que, aunque el toque de queda a las 20:00 sea eliminado la Junta podría inmediatamente ordenar el cierre de bares y comercios a esa hora.
Por otro lado, el portavoz del PP, el otro partido de Gobierno, en la Comisión de Sanidad de las Cortes, Alejandro Vázquez, se mostraba ayer “convencido” de que este próximo jueves el Consejo de Gobierno de la Junta aprobará una “flexibilización” de las restricciones. Un mensaje contradictorio que podría vaticinar la enésima batalla soterrada en el seno del Gobierno autonómico sobre la forma de ponerle freno a la pandemia.