La Consejería de la Presidencia, a través de la Dirección General de Función Pública, aprueba cuatro nuevas convocatorias de procesos selectivos con un total de 98 plazas para las categoría psicólogos; asistentes sociales y diplomados de trabajo social; ingenieros superiores de montes; ingenieros técnicos forestales. Desde el inicio de la legislatura, la Administración autonómica ha puesto en marcha la convocatoria de 45 procesos selectivos que corresponden a un total de 1.675 plazas.
La Junta de Castilla y León ha convocado 4 nuevos procesos selectivos, una nueva oferta que alcanza un total de 98 plazas. Estos procesos se llevarán a cabo mediante el sistema de acceso de turno libre y se distribuyen de la siguiente manera:
20 plazas para el cuerpo facultativo superior de psicólogos, de las cuales 15 son de estabilización y 5 de reposición; corresponden 18 al turno general y 2 al de discapacidad.
50 plazas para el cuerpo de técnicos y diplomados especialistas (asistentes sociales y diplomados en trabajo social), de las cuales 36 son de estabilización y 14 de reposición; corresponden 45 al turno general y 5 al de discapacidad.
4 plazas para el cuerpo de ingenieros superiores de montes, todas de estabilización y de turno general.
24 plazas para el cuerpo de ingenieros técnicos forestales, todas de estabilización; corresponden 22 al turno general y 2 al de discapacidad.
En este sentido, cabe recordar que las plazas que se convocan por el turno libre de estabilización implican la reducción de la temporalidad en el empleo, abriendo la vía para consolidar el régimen de funcionarios de carrera, mientras que la tasa de reposición por el turno libre se corresponde con la cobertura de aquellas plazas donde la Administración ha perdido a sus efectivos, bien por jubilaciones u otras causas que las deja vacantes. Tanto las de estabilización como las de reposición siguen las pautas de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2018, actualmente en vigor.
En relación con las medidas de Salud Pública, la Consejería de la Presidencia aprobó un protocolo de prevención para tribunales y opositores en los procesos selectivos el cual impone la obligación de aplicar criterios de seguridad en los centros de desarrollo de las pruebas y custodia de exámenes y una mayor garantía en el desarrollo del proceso y apoyo constante del Servicio de Prevención de la Dirección General de Función Pública. Entre las medidas contempladas en el protocolo se tiene en cuenta la celebración de procesos selectivos en varias ciudades de Castilla y León cuando superen los 300 opositores.